El presidente Santos
sancionó la norma que penaliza el maltrato físico, el abandono, la restricción
de la libertad y el descuido sobre los abuelos.
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El presidente Juan
Manuel Santos acaba de sancionar la Ley 1850 que establece fuertes sanciones y
penalizando con cárcel el maltrato intrafamiliar por abandono, entre otras
disposiciones para la protección al adulto mayor.
La ley establece que el
responsable de maltrato hacia un adulto mayor, al igual que quien someta a
condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 60 años de edad o más
y afecte sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá
en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
La pena además
aumentará de la mitad a 3 cuartas partes, cuando se trate de una mujer o de un
adulto mayor en condición de discapacidad.
Para el responsable de
restricción de la libertad a un mayor de 60 años, podrá pagar de 16 a 36 meses
de cárcel y pagará multas que van desde 1 a 24 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Las instituciones no se
salvan de las penas, si una de ellas, responsable del cuidado de un adulto de
mayor incurre en la misma conducta, será causal para que se cancelen los
permisos de funcionamiento. Además pagará una multa por 20 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, es decir, cerca de $15 millones de pesos.
A estas penas quedará
sometida también la persona, que no siendo miembro del núcleo familiar, sea el
encargado del cuidado de un adulto mayor y lo maltrate física o
sicológicamente.
Se ordena además al
Ministerio de Salud establecer una ruta de atención inmediata para el adulto
mayor víctima de maltrato en ambientes familiares, centros de protección
especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección.
Se establece además que
los adultos mayores tienen derecho a su alimentación, además de los medios para
su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, que
deben ser proporcionados por quien obligue la ley de acuerdo con su capacidad
económica.
Los comisarios de
familia deberán establecer en caso de inconvenientes, quienes son los
responsables de la protección del adulto mayor y de fijar la cuota de
alimentos.
