Ante el Juzgado 47
Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la
Nación solicitó la imposición de la medida de aseguramiento en contra de diez
de los capturados —entre civiles y funcionarios de la Rama Judicial de Meta— por
supuestamente otorgar libertades y beneficios penales a procesados por
narcotráfico, abusos sexuales, bandas delincuenciales y otros delitos.
Para fundamentar la medida restrictiva de la
libertad, la Fiscalía mostró cerca de 80
audios extraídos de interceptaciones telefónicas, en los cuales aparece la exsecretaria de un juzgado de familia,
quien posteriormente fungió como encargada de un juzgado de ejecución de penas,
desde donde se presume cometía los ilícitos. La mujer actualmente es buscada
por las autoridades.
Entre los beneficiados
con las resoluciones irregulares de libertad o permisos de movilidad sin
restricciones nacionales aparecen las otorgadas al presunto traficante de
drogas, Ángel Humberto Espitia, al cual se le concedió la detención
domiciliaria, y a Julio Alberto Preciado Oñate, sentenciado a ocho años de
cárcel por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas.
La solicitud de la
medida privativa de la libertad fue hecha en contra de Fabián Ríos Cortés, José
Luis Rangel Núñez, Arismendy Barela Moreno, Jefrey Torres Torres, Alison Fabián
Nandez, Viviana Vega, Julio Alberto
Preciado, Blanca Ruth Salazar, Raúl Hernán Árdila y Eduardo de Jesús Rezo
Ovalle.
Las interceptaciones telefónicas
Entre las conversaciones interceptadas
aparecen la de la abogada Viviana Vega Vásquez con el procesado Julio Alberto
Preciado Oñate, en la que se reestablece el precio para cometer un ilícito.
“Ya hablé con mi amigo,
y le van a dar una resolución para que si se la piden la muestre, no tiene
restricciones a nivel nacional por si lo paran. Pero hay un problemita el
precio se subió a 30 millones de pesos”, sostiene Viviana con su interlocutor.
En otra de las llamadas
de febrero de 2016, la juez —a quien buscan las autoridades— con la abogada
Viviana Vega Vásquez afirma que “eso vale 15 millones, es el permiso para que
sea nacional mejor todavía, y otros 5 millones para los del centro de
servicios, para los de reparto. Allá eso lo maneja un ingeniero para borrar o
agregar la información al sistema”.
Asimismo, entre las
interceptaciones exhibidas como elementos de prueba, aparece la del 25 de mayo
de 2016, entre la juez y José Luis Rangel Núñez:
“Le quiero mandar para la botellita de Whisky,
mándeme el número de su cuenta para hacerle la consignación por la mañana, ya
sabe, para que se emborrache a mi nombre, pero mándeme rapidito su número de
cuenta y a qué banco para hacerle llegar eso”, sostenía en la conversación
telefónica la juez a José Luis Rangel Núñez.
En otra de junio de
2016, se escucha a la misma juez con una persona aun no identificada, quien le
decía “necesito que me haga llegar toda la documentación con la argumentación,
y luego nos reunimos en la finca y le digo si se puede o no”.
De acuerdo con la fiscal encargada del proceso
penal, estas personas cobraban entre 20 y 80 millones de pesos por los
trámites.
Igualmente, la fiscal
advirtió que el mayor Fabián Ríos Cortés y el dragoneante Jefrey Torres
pusieron el centro penitenciario de la población de Guaduas (Cundinamarca) al
servicio de la organización ilegal, pues habrían otorgado cupos a reclusos en
otras cárceles del país.
Por lo pronto, el
Juzgado 47 de garantías resolverá el próximo fin de semana la petición del ente
acusador sobre la privación de la libertad de los capturados, “dada la peligrosidad, la gravedad de los
delitos y la urgencia por la posible obstrucción a la justicia”, agregó la
fiscal.