La Fiscalía General de
la Nación puso al descubierto una organización integrada por más de 20
funcionarios de la rama judicial que delinquía en los departamentos de Meta y
Cundinamarca cobrando diferentes sumas de dinero, además de pedir otro tipo de
elementos, a cambio de beneficios judiciales para delincuentes.
Según estableció la
Fiscalía “los procesados facilitaban condenas, medidas de aseguramiento
domiciliaria y hasta permisos para trabajar a presuntos miembros de grupos
delincuenciales y organizaciones de paramilitares que delinquen en ambos
departamentos”.
A través de
interceptaciones telefónicas los investigadores descubrieron que “los
funcionarios de los juzgados municipales, miembros del Inpec, investigadores
del CTI y hasta jueces y exjueces cobraban entre 8 y 30 millones de pesos por
las resoluciones judiciales”.
En algunos casos “los
detenidos pedían botellas de whisky y otros elementos de valor a peligrosos
delincuentes para modificar los procesos penales”.
Las personas detenidas
afrontan cargos por delitos relacionados con fraude a resolución judicial,
concierto para delinquir, cohecho y otras posibles conductas delictivas.