El presidente Santos
sancionó la ley que penaliza con multa y cárcel el maltrato físico y sicológico
contra los adultos mayores, la ley que acelera los procesos de extinción de
dominio y la ley de formalización, titulación y reconocimiento de predios urbanos.
Por estos días hay
mucha polémica en torno a algunas leyes aprobadas por el Congreso
recientemente, que han sido objetadas por el presidente Juan Manuel Santos,
como la que establece una reducción de semanas de cotización en las mujeres o
la reducción de los aportes en salud de los pensionados. Discusiones válidas,
sin duda, pero que distraen de otras iniciativas que igual tienen impacto en la
ciudadanía y que, por el contrario, sí han recibido el visto bueno de la Casa
de Nariño.
Es el caso, por
ejemplo, de la Ley 1850, sancionada ayer por el primer mandatario, que
establece duras sanciones e incluso penaliza con cárcel el maltrato
intrafamiliar por abandono, entre otras disposiciones, apuntando a la
protección al adulto mayor. La norma establece que el responsable de maltrato
hacia un adulto mayor, al igual que quien someta a condición de abandono y
descuido a una persona mayor de 60 años de edad o más, y afecte sus necesidades
de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de cuatro a
ocho años y multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes. La pena aumenta cuando se trate de una mujer o de un adulto mayor en
condición de discapacidad.
Por otra parte, el
abandono de una persona mayor por parte de una institución a la cual
corresponde su cuidado por haberlo asumido, será causal para que a dicha
institución se le cancelen los permisos de funcionamiento. Además, se aplicará
una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y quien restrinja
la libertad a un adulto mayor, podrá pagar de 16 a 36 meses de cárcel y multas
que van desde uno a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Un dato clave a tener
en cuenta: las sanciones aplican también para aquellas personas que, sin ser
miembros del núcleo familiar, estén a cargo del cuidado de un adulto mayor y lo
maltraten física o sicológicamente. El Ministerio de Salud deberá definir una
ruta de atención inmediata para los viejitos víctimas de maltrato en ambientes
familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de
su cuidado y protección. Y, de ser necesario, las comisarías de familia tendrán
que determinar responsabilidades en la protección y fijar una cuota de
alimentos.
El presidente Santos
promulgó también este viernes la Ley 1849, que aumenta la eficacia del Código
de Extinción de Dominio para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a
los corruptos. La nueva norma acelera los procesos, incentiva la denuncia
ciudadana y permite darle mejor uso a los bienes afectados.
Según el jefe del
Estado, en esta lucha frontal hay un tema estratégico que es el dinero, “ahí es
donde más les duele”, dijo. La Ley fue impulsada por la Fiscalía General, el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, y un primer aspecto de los
cambios introducidos es que se aceleran los procesos de extinción, porque se
eliminan los 75 días correspondientes a la fase de fijación provisional de la
pretensión del proceso.
Además, se garantiza
que “el juez que esté llevando el caso cuente con la experiencia en este tema”,
y si no puede hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar
mediante un aviso. Otro aspecto a destacar es que se incentivará a las personas
que denuncien. “Se recompensará a los ciudadanos con procesos en curso que
informen sobre la existencia de bienes de su propiedad o ajenos sujetos de
extinción de dominio, estructuras criminales y redes de testaferrato”, explicó
Santos.
Ya el miércoles pasado,
el primer mandatario había sancionado la Ley 1848, que dispone la
formalización, la titulación y el reconocimiento de predios urbanos. Su
objetivo es solucionar la situación de miles de familias que durante muchos
años han habitado en asentamientos consolidados. “Familias que llevan 25, 30
años, o más, en viviendas y barrios que aún son informales, pero que cuentan ya
con servicios públicos, con vías de acceso, con transporte y hasta con
escuelas, parques y centros médicos”, concluyó.
En este sentido, la
iniciativa, además de simplificar los trámites de formalización de una
propiedad, reduce los costos que este proceso implica. Así, por ejemplo, si
antes se pagaban por todos los tramites de formalización de vivienda $450 mil
pesos, ahora serán sólo unos $100. De esta manera, las familias se vuelven
propietarias con título en mano y los barrios pueden acceder a más recursos y
programas, mientras que para las ciudades implica ganar nuevos contribuyentes.
