Mucho antes de que
estallara el escándalo de sobornos de Odebrecht, la Fiscalía General ya
adelantaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el
exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
De hecho, tal como lo
reveló EL TIEMPO, la Fiscalía 12 especializada contra el lavado de activos
ordenó el embargo y restricción del poder adquisitivo de Agropecuaria Central,
la compañía a través de la cual Bula y su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, se
hicieron a miles de hectáreas en Montes de María.
Pero la decisión de
intervenir los bienes se tomó al final por la confesión del propio Bula, de que
era uno de los receptores y repartidores de sobornos de Odebrecht en los cuales
involucró a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos 2014, y al empresario
Andrés Giraldo. A eso se unió la información remitida por Estados Unidos que
contiene datos entregados por narcotraficantes.
“Los operativos se
adelantarán de manera simultánea en Córdoba, Sucre, Bolívar y luego en
Antioquia. Agentes de la DEA han pedido que se les mantenga informados”, dijo
una fuente judicial.
De hecho, horas después
de ser capturado, el 14 de enero pasado, Bula sostuvo una reunión con agentes
federales. Por eso para él no fue una sorpresa el interés de Washington en su caso
y la posibilidad de que sea pedido en extradición.
Un rastreo de bienes
hecho por reporteros de este diario indica que por las manos del ganadero de
Sahagún (Córdoba) han pasado al menos 53 bienes, más de 3.000 hectáreas
avaluadas en 12.000 millones de pesos. Por ahora él solo ha admitido la
recepción de 200 millones de pesos de Odebrecht y la repartición de un millón
de dólares.
El embargo a Odebrecht
De manera paralela, y
también con miras a recuperar el dinero perdido por estos actos de corrupción,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó este miércoles el embargo
de las cuentas de la multinacional y de algunos de sus socios por una cuantía
superior a los 191.000 millones de pesos.
La medida fue pedida
por la Procuraduría, a través de una acción popular que busca salvaguardar los
intereses colectivos. El dinero solo se podrá usar para pagar impuestos,
servicios y nómina.
El Tribunal estudia
ahora la solicitud de la Procuraduría de terminar el contrato de la Ruta del
Sol tramo II, medida que ya anunció la Superintendencia de Industria y
Comercio. Al proceso fueron vinculados los socios de Odebrecht en esa obra:
Concesionaria Ruta del Sol y Episol.
En un caso paralelo, el
fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, está en Bogotá para investigar un
eventual caso de cartelización entre la brasileña Odebrecht y Acciona
Infraestructura de España, al rededor de la obra de navegabilidad del río Magdalena
y el metro de Quito.
‘Arrancó proceso de
caducidad del contrato de Navelena’
El vicepresidente
Germán Vargas Lleras afirmó el miercoles que ya se inició el proceso de
caducidad del contrato adjudicado a Navelena.
“Esperamos que no dure
muchos días porque el proceso de caducidad es claro, es blanco o negro, hubo o
no cierre financiero, y como no hubo no creo que se tarde muchos días”, señaló
Vargas Lleras.
Ese es uno de los
contratos que está bajo la lupa de la fiscalías de Colombia y Ecuador. Un año
después de que se adjudicara a Odebrecht esa licitación para la recuperación de
la navegación del río Magdalena, se le entregó en Ecuador el proyecto para la
construcción de la Línea Uno del Metro de Quito.
En ese proyecto en el
vecino país, Odebrecht estaba asociada con Acciona, la misma que competía por
las obras de dragado para la navegabilidad del Magdalena. Pero en la recta
final de la licitación, el consorcio en el que figura la compañía española se
retiró de manera súbita.
Un equipo de fiscales
de Colombia y de Ecuador investiga la relación de esas empresas y los posibles
acuerdos que se pudieron dar debajo de la mesa para repartirse los contratos.
De hecho, los investigadores ya recibieron un primer reporte de la
Superintendencia de Industria y Comercio, que ya venía avanzando en una
investigación por posible competencia desleal.
El fiscal Néstor
Humberto Martínez dijo que ya tienen una hipótesis sobre las presuntas
irregularidades que se habrían dado en las dos obras.
El siguiente paso es
establecer con las otras compañías que hacían parte del consorcio de Acciona
las razones por las cuales se retiraron, si inicialmente decían tener la
capacidad técnica para realizar el dragado del río. También se indaga el retiro
de otro de los participantes.
