El presidente Juan
Manuel Santos objetó la ley que eliminaba el pago de reconexión de servicios
públicos para estratos 1, 2 y 3, al considerarla inconstitucional.
De acuerdo con la
oficina jurídica de la Presidencia, uno de los argumentos para objetar esta ley
es que “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos
reales en los que incurren las empresas por tales conceptos”.
Además, el presidente
consideró que vulnera el artículo 367 de la Constitución Política el cual dice
que “la ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.
De hecho, el Gobierno
aseguró que las empresas “sí incurren en gastos cuando se ven en gastos
operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la
reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o
suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor, como lo
es la mora en el pago”.
Por otro lado, desde la
Casa de Nariño se argumenta que los deudores morosos están en la obligación de
ponerse al día y si se aprueba esta ley sería “premiar” a las personas que no
pagan a tiempo.
“La exoneración del
pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de
solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas
públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus
obligaciones, incluidas las de menos ingresos”, dice uno de los argumentos de
la Presidencia.
De esta manera el
Congreso deberá decidir si acepta o no las objeciones del presidente; en caso
que no las acepte, esta ley pasará a revisión de la Corte Constitucional, pero
en caso de que sí lo haga, se hundiría.
Es por esto que por el
momento los hogares de estratos 1, 2 y 3 deberán seguir pagando por la
reconexión de los servicios públicos.
Senado rechazaría estas objeciones
En el Congreso de la
República no cayó muy bien que el presidente Juan Manuel Santos haya objetado,
por vicios de constitucionalidad, la ley que elimina el cobro por reconexión de
servicios públicos domiciliarios para estratos 1, 2 y 3.
Según el senador Mario
Fernández, ponente de la iniciativa, los legisladores no aceptarían las
objeciones del jefe de Estado y enviarían su texto a la Corte Constitucional
para que tome una decisión definitiva sobre la norma.
Los impulsores creen
tener los votos suficientes para rechazar los argumentos presentados por el
presidente de la República.
“Quien no va a estar de
acuerdo en favorecer a la gente de los estratos más bajos, quien piensa que una
persona del estrato 1 o 2 deja de pagar el agua o la luz por capricho, nadie
piensa que estas personas van a querer un día de su vida sin estos servicios
básicos”, señaló.
Y añadió: “Este es un
tema de no tener capacidad de pago, es un tema de bajo ingreso y de extrema
pobreza”.
Si el Congreso acepta
las objeciones presidenciales, el proyecto se hunde. Si no las acepta, la
iniciativa va directamente a estudio de la Corte Constitucional que es la que
tendrá la última palabra.
Si el alto tribunal le
da su visto bueno, el Gobierno tendrá que sancionar la ley, o de lo contrario
lo podría hacer el presidente del Congreso.
Fuentes de la
Superintendencia de Servicios Públicos dijeron a RCN Radio que están a la
expectativa de lo que haga el Congreso de la República con la ley que exonera a
los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de tener que pagar la reconexión de los
servicios.
Las fuentes señalaron
que una de las polémicas que causó la ley es que el costo de esta reconexión
recaería en las empresas distribuidoras de energía.
“Ahora el paso es
esperar hasta el 16 de marzo para mirar la decisión que tome el Congreso sobre
el futuro de esta iniciativa”, recalcaron las fuentes.