Como el Congreso se ha negado a aprobar las leyes que buscan
mayor transparencia, la Alianza Verde plantea hacerlo por este mecanismo que
obliga al mandatario a tomar las medidas que apoyaron los ciudadanos.
Al Congreso no solo le
quedó grande enfrentar la corrupción, la aparición de parlamentarios en el
escándalo de Odebrecht deja claro que son parte de este engranaje. No es extraño
que las iniciativas que buscan medidas de trasparencia, como presentar declaraciones
de renta y que manifestaran sus conflictos de intereses fracasaran en el
trámite. Por eso, fue radicada ante la Registraduría una solicitud de consulta
popular que busca que sean los colombianos quienes impongan estas medidas.
La propuesta es
promovida por la Alianza Verde y va en la misma dirección de la principal
bandera de campaña de la ahora precandidata a la presidencia, Claudia López,
quien considera que finalizado el conflicto con las Farc, el tema principal,
que tiene hastiados a los colombianos, es la corrupción.
La consulta popular es
un mecanismo de participación ciudadana complejo de sacar adelante. Se requiere
5 millones para convocarlas y 11 millones de votos para su aprobación. La
ventaja es que si se supera el umbral, es de obligatorio cumplimiento. En la
práctica, si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción, como acostumbra
a hacerlo, el Presidente debe sacarlas por decreto.
Esta propuesta plantea
establecer un límite de máximo tres periodos para los electos en corporaciones
de elección popular y de este modo evitar que los congresistas se atornillen a
sus puestos.
Como medida de
transparencia y para que estén claros los intereses particulares de cada
congresista propone que como requisito para posesionarse y ejercer el cargo,
publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y
conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
Para ponerle freno a la
mermelada, que no es más que la entrega de contratos y beneficios a los
congresistas de parte del Gobierno para facilitar la aprobación de las leyes o
el apoyo a las políticas, se pretende obligar que el presupuesto de inversión
de alcaldías, gobernaciones y nacional, se desglose y priorice en audiencias
públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.
Además, exige terminar
los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra
la administración pública sin ningún tipo de indemnización y que las personas
condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión
especial.
Una iniciativa
ambiciosa, son seis meses los que permite la ley para recoger cinco millones de
firmas, un asunto nada fácil. Más difícil es lograr los 11 millones para que
los ciudadanos le den vía libre, pues esta votación es apenas un poco menos de
la que se da en una elección presidencial. No obstante, la corrupción es un
tema que tiene hastiados a los colombianos.
Hace ya 18 años, en la
posesión del mandatario Andrés Pastrana, el entonces presidente del Senado,
Fabio Valencia Cossio, lazó una frase que aún es recordada “O cambiamos o nos
cambian”, haciendo referencia a la pésima imagen del Congreso y lo poco que se
tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos.
Hoy retumba esta frase
porque ante el vidente desinterés en tomar medidas para enfrentar el fenómeno
de la corrupción y aunque no se trata de una revocatoria, en este caso se busca
que la voluntad popular pase por encima del desprestigiado Congreso y se tomen
medidas de fondo contra la corrupción.
