Una acción de tutela le
ordena crear un plan efectivo para erradicar problemas de desnutrición de los
niños wuayúu, so pena de incurrir en desacato, que da hasta seis meses de
arresto.
Niños de La Guajira:
Juan Manuel Santos deberá solucionar problemáticas Tribunal ordena al presidente apersonarse de
los niños de La Guajira
Según el Tribunal
Superior de Ríoahacha, el presidente Juan Manuel Santos no puede ser ajeno al
drama que enfrenta la comunidad Wayúu, especialmente sus niños, que día a día
encuentran la muerte por culpa del hambre. Por eso, le ordenó emprender
acciones verdaderamente efectivas para atender esa crisis humanitaria.
Por medio de una acción
de tutela, esa autoridad le dio dos días al jefe del Estado para diseñar un
plan con medidas presupuestales y precisiones en materia de contratación para
enfrentar de una vez la calamitosa situación, so pena de ser objeto de la
apertura de un incidente de desacato.
Y es que en los últimos
meses, las primeras planas de los medios de comunicación contienen noticias
dolorosas sobre la manera como los niños wayúu, que habitan en la zona, mueren
de enfermedades causadas por la desnutrición.
Impotentes, los
espectadores observan cómo se frustran los planes para que los pequeños y sus
padres superen semejante déficit de desprotección. Al final, la ambición
burocrática siempre puede más que la solidaridad humana y la Guajira tiene que
soportar que las iniciativas para la construcción del sistema de acueducto,
mejoramiento de los sistemas de salud y programas de nutrición se frustren.
Convencidos de que la
institucionalidad a nivel interno, por sí sola, no sería capaz de encontrar una
solución, la comunidad y las organizaciones sociales acudieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que obligara al Estado
colombiano a tomar cartas en el asunto de una vez por todas.
Así pareció ocurrir
cuando la CIDH impuso medidas cautelares, obligando al Gobierno colombiano a
tomar medidas concretas para evitar que los niños tuvieran que seguir siendo
los paganini de la codicia de la clase dirigente.
Pero ni eso fue suficiente. Al parecer, más
activa fue la labor de los asesores jurídicos del Gobierno para defender al
Estado ante el organismo multilateral que la de las instituciones para poner
fin al inhumano drama.
Por eso, los
demandantes acudieron al Tribunal Superior de Ríohacha que concluyó que no solo
los alcaldes, el Gobernador o los organismos de control deben trabajar en la
solución. A juicio de esa corporación, es el propio jefe del Estado quien debe
ocuparse personalmente de la situación.
De ahí que, ante el incumplimiento de las
órdenes impartidas para suministrar alimentos, agua potable, servicios de
salud, el órgano judicial le haya impuesto al Presidente Santos el deber de
preparar el plan, en un máximo de 48 horas.
La propuesta debe contener respuestas a
problemas presupuestales y contractuales concretos y establecer cuál es la
responsabilidad de las autoridades regionales y demás organismos para proteger
a las comunidades wayúu afectadas en Manaure, Ríohacha, Uribia y Maicao.