En su concepto el
Ministerio Público considera que representa un acto discriminatorio y
excluyente.
En un concepto
presentado ante la Corte Constitucional la Procuraduría General de la Nación le
solicitó declarar inexequible la norma que restringe el acceso a becas
estudiantiles a personas que tengan antecedentes penales o disciplinarios.
En el documento se
señala que esta restricción representa un trato discriminatorio, diferencial
injustificado y desproporcionado que vulnera los derechos a la rehabilitación y
olvido de estas personas.
En el concepto firmado
por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se señala que no es
adecuado ni necesario excluir a los estudiantes que, por sus méritos, se han
hecho acreedores a las becas pero que por tener antecedentes no puedan acceder
a ellas, evitando un acceso a una educación digna por parte de las autoridades
encargadas.
Agrega que esta
restricción no es el mecanismo idóneo si se busca realizar una prevención
general para inducir a posibles delincuentes o infractores a desistir de sus
propósitos, éste no es el mecanismo idóneo para lograrlo, más aún cuando no se
tuvo en cuenta que los delitos y faltas tienen culpabilidad distinta.
Por otra parte, aunque
las posibilidades de resocialización de las personas con antecedentes no son
iguales, en este caso todas ellas son excluidas del beneficio contemplado en la
ley, vulnerando los principios de proporcionalidad de penas y la función de
resocialización de las mismas.
Resaltó que toda
persona que cumple su condena se integra de nuevo a la sociedad, y por ello
debe ser acogida para fortalecer sus vínculos sociales y profesionales, por lo
que no se le pueden desconocer sus derechos al acceso a la educación superior.