En las próximas horas,
la Fiscalía decidirá si le pide a Medicina Legal que examine al empresario José
Arturo Moreno Ojeda, señalado ‘cerebro’ del llamado cartel de la vigilancia.
La razón: por tercera
ocasión, el empresario se excusó de asistir a la audiencia en la que se le
imputarán cargos por supuestamente liderar una compleja red que acordó, por
debajo de la mesa, ofertas para quedarse con licitaciones por más de 63.000
millones de pesos en varias entidades, incluida la Fiscalía. (Lea también:
'Zar' de la vigilancia busca inhabilitar a 'súper' Robledo)
La diligencia estaba
citada para este jueves, a las 7 a. m. Pero, según lo estableció EL TIEMPO, la
defensa de Moreno presentó una incapacidad médica en la que consta que fue
intervenido por una fractura en su boca. Y en otra más, un experto señala que
no está en condiciones emocionales para asistir a la audiencia.
Las excusas médicas
vienen acompañadas de varias fotos de la intervención en su boca y de un
memorial en el que su defensa dice que los señalamientos hechos por la Fiscalía
y por Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, han
impactado a Moreno económica y personalmente.
La primera vez que esta
diligencia se suspendió fue por el cambió de abogado del empresario; y en una segunda
ocasión, dijo que viajó a La Habana a hablar temas de seguridad con la
guerrilla de las Farc.
Audios y correos
El fiscal del caso,
Juan Vicente Valbuena, fijará una nueva fecha para las imputación de cargos.
Por ahora, Moreno
insiste en su inocencia y en que el proceso en su contra, que data de 2011, es
una persecución del superintendente Robledo. Pero las indagaciones se iniciaron
mucho antes de que Robledo llegara a la entidad.
Además, la Fiscalía
dice tener probada, en al menos cinco licitaciones, la manipulación por parte
del llamado ‘cartel de la vigilancia’.
De hecho, hay correos
electrónicos y audios que demostrarían que Moreno controlaba empresas de
vigilancia y varias cooperativas que participaban en una misma licitación y
que, siendo supuestamente competidoras, compartían información y se ponían de
acuerdo en los requerimientos de los pliegos licitatorios. De probarse esa
conducta, el empresario y otros cinco implicados podrían recibir hasta 6 años
de prisión.
De momento, su defensa
dice que Moreno actuó apegado a la ley y que el único testigo en su contra,
Orlando Barrios, se retractó. Sin embargo, el testimonio de Barrios no es
relevante dentro del proceso.