21 exsenadores y exrepresentantes
se niegan a renunciar a las jugosas mesadas que se les venían liquidando.
D El Tiempo.
La decisión fue perentoria. Hace 11 días, la Corte Constitucional dejó en firme la sentencia del 2013 que redujo a 16 millones de pesos al mes las llamadas megapensiones para congresistas y magistrados.
La decisión fue perentoria. Hace 11 días, la Corte Constitucional dejó en firme la sentencia del 2013 que redujo a 16 millones de pesos al mes las llamadas megapensiones para congresistas y magistrados.
Sin embargo, 21
exsenadores y exrepresentantes se niegan a renunciar a las jugosas mesadas que
se les venían liquidando y están desafiando a la Corte y al país a través de
diferentes instrumentos jurídicos que van desde las tutelas hasta denuncias
penales, administrativas e internacionales. (Lea: Consejo de Estado revive
millonaria pensión a viuda de congresista)
EL TIEMPO estableció
que la lista la encabeza el expresidente del Congreso Mario Uribe Escobar,
quien cumplió una condena de 7 años y 6 meses de prisión por ‘parapolítica’.
El exsenador ya había
buscado recuperar su megapensión –de 18 millones de pesos– a través de una
tutela. Pero le fue negada a finales de 2013, por el Juzgado 44 penal y por el
Tribunal Superior de Bogotá.
De hecho, tienen
pendientes por resolver los casos de otros ocho excongresistas que también van
tras sus megapensiones. En esa lista están Jairo José Ruiz Medina, condenado en
2001 por apropiarse de 140 millones de pesos, provenientes de auxilios
parlamentarios. También aparece el exrepresentante Flaminio Malaver, quien ya
logró que, en 2010, el Consejo de Estado ordenara reliquidar su pensión y le
pagaran un retroactivo de 1.141 millones de pesos.
El grupo lo completan
los excongresistas Guillermo Gaviria Zapata, Jairo Calderón Sosa, John Jairo
Velásquez, Gustavo Pinzón Álvarez, Jorge Olarte y Pedro Vicente López Nieto.
Sigue la tutelitis
Pero el mecanismo que
más les ha funcionado a los exfuncionarios que insisten en retar a la Corte es
la tutela.
Según registros de
Fonprecon, 129 excongresistas o sus herederos recurrieron a esta con el
argumento de que el tope que impuso la Corte Constitucional –que le ha
significado un ahorro de 90.000 millones de pesos al Estado en dos años– les
viola derechos adquiridos. En 120 casos, los jueces les negaron el recurso.
Pero nueve exparlamentarios lograron su objetivo y Fonprecon les tuvo que
desembolsar 1.338 millones de pesos entre reajustes y retroactivos.
Las nueve tutelas que
prosperaron fueron conocidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
integrada por los magistrados Gustavo Gómez Aranguren, Alfonso Vargas Rincón y
Luis Rafael Vergara Quintero, quienes tutelaron el derecho al debido proceso.
Los beneficiados con la
decisión son: Francisco Merilo Herrera, Jaime Valderrama, Alberto Rojas Puyo,
Norberto Morales Ballesteros, Jesús Antonio Vargas, Carlos Martínez Simahan y
José Augusto Trujillo.
Y hace cuatro días
también se le otorgó el beneficio a María Antonieta Gómez de Muñoz, viuda del
exsenador Jorge Muñoz Guevara, quien recibirá 166 millones de pesos de
retroactivo y mesadas de 20 millones de pesos.
Frente a estas
decisiones del Consejo de Estado, será la Corte Constitucional la que entre a definir
si se ajustan a su sentencia. (Lea: Corte ratifica histórica sentencia que fijó
topes a megapensiones)
Pero el desafío al
mandato de la Corte no para ahí. Este diario estableció que la Asociación
Nacional de Parlamentarios Pensionados (Anppe) decidió llevar el caso ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La asociación presentó
una queja contra el Estado y contra Fonprecon. No obstante, la Corte está
segura de que tienen sólidos argumentos para defender su decisión ante
cualquier instancia.
‘Estamos aplicando la ley’: Fonprecon
Francisco Ramírez, el
director del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon), se abstiene de
hablar de casos y montos en particular. Pero advierte que, desde que la Corte
Constitucional ordenó el recorte de las pensiones, el país se ha ahorrado casi
100.000 millones de pesos. Ahora él y su equipo buscan, a través de acciones
judiciales, que excongresistas y sus herederos reembolsen al erario las mesadas
que se les ha pagado de más. “Aquí debe quedar claro que no soy yo quien toma
la decisión sino la Corte Contitucional y tengo la obligación de cumplir con
esa sentencia”, explicó. Agregó que en algunos casos es difícil recuperar los
dineros porque algunos excongresistas adquieren millonarios créditos para ser
descontados de sus mesadas, blindándolas de embargos judiciales. Ramírez
también aseguró que la ofensiva jurídica para mantener las megapensiones
incluyen denuncias disciplinarias y penales en su contra por supuesto
prevaricato como la que le instauró el excongresista Pablo Victoria. Pese a su
labor, hay organismos de control que buscan liquidar Fonprecon y pasar su
función al Ministerio de Salud.