Se invertirá más de un
billón de pesos en infraestructura, reducción del hacinamiento, creación de
nuevos cupos y en priorizar planes para desmantelar bandas que delinquen desde
los centros de reclusión.Se estructurarán alianzas con el sector privado para
mejorar las condiciones de la población carcelaria. La nueva política está
orientada a la resocialización de la población privada de la libertad.
Bogotá. El Gobierno
adoptó una serie de medidas de choque para enfrentar la crisis carcelaria del
país que van desde asignación de nuevos recursos hasta el combate a la
criminalidad que se genera en los centros penitenciarios.
La decisión fue tomada
en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que estableció
un nuevo enfoque en la política del Sistema Penitenciario y Carcelario (SPC),
que contará con más de un billón de pesos para ejecutar un ambicioso plan de
acción en los próximos cuatro años.
"Acabamos de aprobar
un documento CONPES muy importante que nos permitirá dar soluciones concretas a
la crisis carcelaria, coincidieron en afirmar el presidente de la República,
Juan Manuel Santos, y el director del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Simón Gaviria Muñoz.
De acuerdo con
diagnóstico del CONPES, actualmente hay una grave situación institucional,
social y humanitaria en las cárceles, producida por el hacinamiento, problemas
de salubridad y carencia de servicios públicos, además de las altas tasas de
criminalidad que se generan desde estos establecimientos como es el caso de la
extorsión.
Uno de los problemas
más agudos del sistema penitenciario del país es la alta tasa de reclusos
sindicados, que actualmente se calcula en 36 por ciento de la población que se
encuentra en los establecimientos carcelarios.
La población privada de
la libertad (PPL) es hoy de 118.658 internos, que se encuentran como sindicados
y condenados en 137 establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON),
los cuales se categorizan en tres tipos: primera, segunda y tercera
generación.
La nueva política para
el SPC fijadas por el CONPES tiene tres
objetivos: mejorar la infraestructura física, sanitaria, tecnológica y de
capacidad humana; articular la política penitenciaria y carcelaria con la
política criminal e integrar a los actores del nivel nacional con los
territoriales y el sector privado.
Para ejecutar todas
estas acciones se ejecutará una inversión de 1,1 billones de pesos en el
cuatrienio, precisó el director del DNP, al señalar que la apuesta con esta
política es fortalecer la capacidad institucional desde una perspectiva
integral para garantizar una efectiva resocialización de la población privada
de la libertad y el cumplimiento de la pena en condiciones de dignidad humana.
El diagnóstico del CONPES indica que si bien
la creación de cupos en las cárceles es importante, no es la única solución, de
modo que es necesario adoptar otras medidas complementarias, entre las que se
cuenta la revisión de la política criminal.
En los últimos 22 años
se han creado 50.000 cupos adicionales, pero se recibieron 89.000 presos más.
"Esto lo que demuestra es que la creación de cupos va muy por debajo del
crecimiento de la población carcelaria", precisa el diagnóstico.
"Vamos a
garantizar que los reclusos cumplan sus penas con dignidad humana y que tengan
una efectiva resocialización, toda vez que muchos de quienes pagan penas
reinciden en la comisión de delitos", precisó Gaviria Muñoz.
El nuevo enfoque de la
política carcelaria y penitenciaria está enmarcada en el capítulo de Seguridad,
Justicia y Democracia del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un
nuevo país 2014-2018', que está listo para la sanción presidencial y
convertirse en ley de la República.