La Sala de Consulta del
Consejo de Estado, en una carta enviada al presidente de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Pedro Munar, sostuvo que
el mencionado acto fue ilegal.
El Consejo Superior de
la Judicatura y el Consejo de Estado andan agarrados. Primero fue la
controversia por el fallo del Consejo de Estado que tumbó al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura, el magistrado Francisco Ricaurte, y que no fue muy
bien recibido en el Consejo Superior. A lo que se suma la posible salida del
presidente de la Sala Administrativa, el magistrado Pedro Munar, por un fallo,
probablemente, muy similar al de Ricaurte.
Ahora el agarrón va por
cuenta de una cuestionada decisión de la Sala Administrativa que tiene parado
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Bogotá y
con los pelos de punta al Consejo de Estado: la de cerrar 130 juzgados de
descongestión con toda su planta de personal. Esto, según el magistrado del
Tribunal de Bogotá, Hermes Darío Lara, afectará a, por lo menos, 3 mil personas
y a 1.500 procesos.
Por medio de un
comunicado, la presidenta del Consejo de Estado, la magistrada María Claudia
Rojas y los magistrados de la Sala de Gobierno manifestaron que “rechazan las
medidas tomadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo 10195 del 31 de julio de 2014, mediante el cual se
suprimieron cargos en descongestión. El Consejo de Estado no ahorrará esfuerzo
alguno para lograr el restablecimiento de los cargos en descongestión que
fueron eliminados. Con este propósito, se espera que el próximo lunes se
realice una reunión de carácter urgente con la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura”.
Por su parte, el
presidente la Sala de Consulta de esa entidad, el magistrado Augusto Hernández,
le envió una carta al presidente de la Sala Administrativa, Pedro Munar, en la
que se señala que “el acto administrativo en mención es a todas luces ilegal, no
solo en cuanto al procedimiento adelantado sino también en cuanto a la
naturaleza de las medidas adoptadas respecto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y en particular del Consejo de Estado”. Esto debido
a que –según la ley– para tomar decisiones como la tomada el Consejo Superior
debía consultar a la Sala de Consulta. Y no lo hizo.
Hernández sostuvo que
la decisión de la Sala Administrativa fue sorpresiva debido a que “las
determinaciones adoptadas en el Acuerdo N° PSAA14-10195 alteraron súbitamente,
de la noche a la mañana, la normalidad del servicio de la justicia, y porque no
fueron consultadas con el Consejo de Estado ni menos aún autorizadas por esta
Corporación”. Por ello, solicitó que se tumbe el mencionado acuerdo “teniendo
en cuenta la gravedad del error jurídico en que ha incurrido la Sala
Administrativa y el impacto negativo que para la justicia implica lo por ella
resuelto”.
Esta decisión se
produce escasas 24 horas de que el mismo Munar anunciara que el Gobierno y
Asonal Judicial –el sindicato que reúne a gran parte de los trabajadores de la
Rama Judicial– habían llegado a un acuerdo para evitar un posible paro
judicial. En virtud de ese acuerdo se ordenó inyectar $170 mil millones a la
Rama. Hoy Asonal Judicial –a través de su cuenta de Twitter– expresó que “sí se
consiguieron los recursos y se cumplieron las metas, el Consejo Superior de la
Judicatura no tiene razones para eliminar los juzgados y los cargos”. E indicó
que “la comisión de descongestión debe reunirse con el Consejo Superior de la
Judicatura. Deben explicar las razones de la eliminación de los cargos”. El
temor es que el paro se crezca. El Espectador intentó comunicarse con el
magistrado Munar pero este no contestó.