D El Espectador
Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tomaron la
decisión de indagar hasta dónde el poder político en las regiones apoya la
expansión de las bandas criminales.
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Con el propósito de blindar el proceso electoral que se avecina y evitar
que las investigaciones judiciales se den cuando ya estén entregadas las
credenciales a los elegidos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidió tomar cartas en el asunto y abrir el capítulo de la bacrimpolítica. El
alto tribunal sabe que la parapolítica llega a su fin, pero también tiene claro
que ya existe otra amenaza a la transparencia electoral: el accionar de las
bandas criminales y su objetivo de extender nexos hasta el poder local y las
corporaciones públicas.
Se conoció que la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ya tiene
avances concretos y que para las primeras averiguaciones se constituyó un grupo
de tres magistrados auxiliares encargados de evaluar evidencias. La novedad es
que la Corte ya entró en coordinación con la Fiscalía y la idea es que entre 50
y 100 investigadores del CTI se sumen al equipo de trabajo para que se
produzcan resultados antes de diciembre. Se trata de cerrarles el paso a las
bacrim antes de que activen su maquinaria para financiar campañas políticas.