Esta investigación se
relaciona con graves irregularidades detectadas en millonarios contratos de
carácter social.
Investigadores de la
Fiscalía General de la Nación ocuparon con fines de extinción de dominio bienes
por más de 5.900 millones de pesos pertenecientes a varios exfuncionarios de
Ecopetrol investigados por actos de corrupción en contratación.
Las labores judiciales
fueron desplegadas por equipos especializados del Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio
que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Los operativos de extinción de dominio se llevaron en cabo
en varios municipios como Villavicencio y Restrepo (Meta); Palermo (Huila);
Sopó (Cundinamarca) y Bogotá.
Según las
investigaciones el detrimento causado en este caso se estima en más de 30 mil
millones de pesos, tras el incumplimiento en relación con cinco convenios de
obras sobre los cuales faltó a lo pactado en su momento la Corporación País
Rural con la empresa Ecopetrol.
En su oportunidad
trascendió que producto de estos hechos se afectaron inversiones en zonas del
país como Huila, Putumayo y principalmente el departamento del Meta.
Por estos hechos,
fueron judicializados por parte de la Fiscalía General de la Nación cuatro
personas, entre ellos dos miembros de País Rural, un ex directivo de Ecopetrol
y una exempleada de la petrolera.
De acuerdo con los
peritos de la Fiscalía en este caso se detectó que los contratos se celebraron
sin la debida planeación y sin contar con la justificación de estudios previos
ni presupuestos de viabilidad.
También se estableció
por parte de los investigadores que dichos contratos fueron pagados en su
oportunidad sin que la Corporación País Rural ejecutara las obras.
De igual forma, se
determinó que se llegó a autorizar el pago de cuantiosos giros a favor de la
Corporación País Rural, amparados en actas falsas de ejecución y de
liquidación, con el fin de tratar de justificar los millonarios desembolsos.
En torno a este caso,
los fiscales a cargo del proceso investigan la comisión de delitos como
peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales y falsedad ideológica en documento público.
