En
una acción coordinada entre la Dirección de Justicia Transicional de la
Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, y
con el apoyo del Ejército Nacional, la DIJIN de la Policía Nacional, la
Superintendencia de Notariado y Registro, además del Instituto Colombiano
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ocuparon con fines de extinción del derecho
de dominio siete bienes inmuebles pertenecientes al exjefe paramilitar Daniel
Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, al igual que otras propiedades de
José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.
Se
trata de inmuebles ubicados en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y
San Martín (Meta) los cuales, según las indagaciones de la Fiscalía General,
habrían pertenecido al Bloque Centauros de las Autodefensa Unidas de Colombia
(AUC), y en los se encontraron extensos cultivos de palma.
Según
el material probatorio recaudado, dichas propiedades cuentan con extensiones de
189, 290, 170, y 140 hectáreas, respectivamente. Según las valoraciones de
expertos en el tema, el avalúo comercial de dichos predios alcanza los siente
mil millones de pesos ($7.000’000.000).
Otros
bienes
Otros
operativos permitieron la incautación de tres bienes; dos casas y un hotel, que
habrían sido parte de las riquezas que ostentaban las Autodefensas Campesinas
de Meta y Vichada y los cuales están ubicados en los municipios de Puerto
Gaitán y Puerto López (Meta), y cuyo valor comercial se estima en dos mil
millones de pesos ($2.000’000.000)
Estos
bienes fueron denunciados durante las versiones libres de José Baldomero
Linares, alias ‘Guillermo Torres’, desmovilizado de las Autodefensas Campesinas
de Meta y Vichada, quien fuera comandante de la estructura
Dentro
de las labores de investigación adelantadas por la Fiscalía se logró determinar
que desde las fincas pertenecientes al Bloque Centauros, ese reducto criminal
manejaba asuntos administrativos y de logística.
Las
medidas cautelares sobre los bienes fueron ordenadas por un magistrado con
función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de
Bogotá y hacen parte de los resultados de las investigaciones priorizadas por
parte de la Dirección de Justicia Transicional en materia de persecución de
bienes del paramilitarismo.
Las
propiedades ya están en poder del Fondo para la Reparación a las Víctimas,
encargada de administrar los bienes. El siguiente paso se relaciona con la
solicitud de la extinción de dominio de dichos inmuebles.