En relación con la
resolución ejecutiva 282 del 25 de octubre de 2018, emanada del Ministerio de
Salud y Protección Social, mediante la cual prorrogan por cuatro meses más la
intervención del Hospital Departamental de Villavicencio, la administración de
la Gobernadora Marcela Amaya ha fijado posiciones claras frente a la
determinación, sus implicaciones, y otros factores que la rodean.
Como siempre, el
Gobierno ante las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud y el
Ministerio de Salud, es respetuoso y acoge el término de cuatro meses
dispuesto, que establece como fecha de terminación de la intervención el 25 de
febrero de 2019 o antes, si la Superintendencia lo estima conveniente.
Sin embargo, llama la
atención a toda la comunidad y al Gobierno nacional en el sentido que es
injusto que tanto en los informes de rendición de cuentas del hospital, como en
los considerandos de la resolución 282 de 2018, se omita el gran esfuerzo
realizado por el Gobierno departamental con el compromiso de importantes
recursos para el Hospital Departamental de Villavicencio, según la siguiente
relación:
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Vigencia
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Fuente de Financiación
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Valor
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Fecha de giro
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Concepto / Destino
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2017
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Recursos propios
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$4.000.000.000
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26/07/2017
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Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero
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2017
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Desahorro FONPET
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$6.963.289.981
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08/11/2017
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Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero
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2017
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Recursos propios
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$500.000.000
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22/12/2017
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Infraestructura
hospitalaria (Convenio 1578/2017)
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2018
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Recursos propios
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$6.018.355.009
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23/03/2018
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Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero
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2016-2018
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Recursos propios
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$31.999.368.600
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Equipos biomédicos
para Unidad de Cáncer y otros servicios, entregados durante esta
administración
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2019
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Recursos propios
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$6.018.355.009
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Compromiso para
giro en 2019
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Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero
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En resumen, son más de
22.000 millones de pesos aportados para el pago de pasivos del hospital,
generados antes de la llegada de este Gobierno, y más de 32.000 millones de
pesos en fortalecimiento institucional tanto en equipos, que permiten una mejor
atención y mayor facturación de servicios, especialmente en el servicio de
cancerología con el acelerador lineal para radioterapia, como en
infraestructura hospitalaria para la seguridad de los pacientes, con el aporte
de 500 millones de pesos para financiar el proyecto de construcción de la rampa
para movilización de pacientes dentro del centro asistencial.
Se entiende así que,
sin demeritar la labor del Agente Interventor y su equipo de trabajo durante
estos tres años de intervención, es obvio que la recuperación financiera del
hospital sería imposible sin este valioso recurso aportado por la
administración de la gobernadora Marcela Amaya.
De otra parte, es
inaceptable para el Gobierno departamental, que se afirme por personas mal
intencionadas, que la prórroga de la intervención protege al hospital de caer
en manos de quienes lo llevaron a la intervención, puesto que los hechos que
condujeron a la misma, así como la toma por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud, fueron anteriores al inicio del actual Gobierno.
El Gobierno
departamental se encuentra preparado y estima que la región cuenta con personal
competente para la administración del principal centro asistencial en
condiciones de calidad, sostenibilidad y seguridad.
No obstante, deja
constancia que antes de que termine la intervención, se ha acordado con el
Superintendente Nacional de Salud tener una radiografía clara y objetiva del
estado de la entidad, a fin de evitar posteriores señalamientos, tanto para el
organismo de inspección, vigilancia y control, como para el Gobierno
departamental.