En manos de la Cámara
está el futuro de estos centros educativos. Advierten que hay un artículo que
bloquea la financiación.
En una carta que se
envió al Congreso varios representantes de las Universidades públicas del país
pidieron evitar que se apruebe en la conciliación de la ley de infraestructura
un artículo que podría poner en riesgo la financiación de los centros
educativos.
Luis Orlando Aguirre,
representante profesores del consejo superior de la UIS y vocero de las instituciones,
aseguró que se trataría de un mico que evitaría celebrar convenios interadministrativos.
“La petición en
concreto es que en la conciliación se acepte lo aprobado en la Cámara de
Representantes, que excluye en su totalidad el artículo 5 y le permite a las
universidades la celebración de los convenios interadministrativos con los entes
territoriales, de tal manera que las finanzas no se vean afectadas, además del
desfinanciamiento propio que ya tienen los centros educativos”.
“De mantenerse lo que
salió en el proyecto de ley en el Senado, el grave impacto que tendría en las
finanzas de la universidad pública en cuanto a los recursos que se generan por
rentas propias y específicamente por los rubros de convenios
interadministrativos de diseño, asesoría y consultoría, sería de alrededor del
20 o 25% y podría llegar al 30% de esas rentas propias que se generan, que
podrían llegar a ser entre y 25 mil millones de pesos”.
Explicó que las
Universidades públicas ya tienen problemas económicos, pero que ese artículo
podría agravar la desfinanciació .
"Está en un
desfinanciamiento porque desde 1993 con la ley 30, el presupuesto de las
universidades se incrementa con el IPC y eso ha llevado a que haya habido un
desfase de alrededor de 11,5 billones de pesos por las inversiones que ha
tenido que hacer el centro educativo sin recibir financiación de parte del
Estado.
Esta crisis ha generado
que se modifique la contratación de docentes de cátedra y de práctica, pasando
de un 70% de planta y 30% de cátedra, a un 30 de planta y 70 de cátedra con el
inconveniente que eso tiene en las actividades de la universidad”.
Sin embargo reconoció
que si se elimina ese artículo que se ha denunciado como un ‘mico’ “el control
de los convenios interadministrativos deben ser más estrictos porque debo
reconocer que ha habido ciertos manejos que han puesto en entredicho la forma
de contratación de las universidades”.