Antioquia, Valle del
Cauca y Bogotá son las regiones en las que se concentra el mayor número de
denuncias sobre corrupción. La mayoría de sanciones son disciplinarias y muy
pocas terminan en una condena penal.
El uso de bienes del
Estado en beneficio propio, denominado Peculado, exigir dinero por realizar una
función propia de su cargo, delito tipificado como cohecho, son las actuaciones
más denunciadas en contra de servidores públicos en el país.
Elizabeth Ungar
exdirectora de transparencia por Colombia señaló que la mayoría de acusados por
hechos de corrupción no responden por una lenta administración de justicia.
“Es, sin duda, el
flagelo más importante que tiene el país y el problema más crítico que estamos
enfrentando en el país es que la estancia de las investigaciones en materia de
corrupción todavía es limitado porque muchas de estas investigaciones están
prescribiendo por términos y eso es inaudito, eso no debería estar pasando”,
señala Ungar.
De acuerdo con un
informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, de alrededor de 12.500
sanciones por denuncias de corrupción en el año 2012, aproximadamente 800
terminaron con una condena penal, 420 con castigos en materia económica y 11
mil con decisiones disciplinarias.
Carolina Calderón,
directora de Funcicar, organización que estudia temas de transparencia
institucional en el Caribe colombiano, expresó que los corruptos saben cómo
evadir la justicia.
“Cada vez vemos cómo
algunos políticos y particulares que han entendido perfectamente el
funcionamiento del Estado, desde adentro, capturan nuestras instituciones y
dificultan el ejercicio del control ciudadano, pues se han confabulado con
abogados y contratistas y hacen que todo cumpla con los requisitos legales”,
indicó Calderón.
En Bogotá, Antioquia y
Valle del Cauca se registra el mayor número de denuncias por corrupción
anualmente. Elizabeth Ungar sostuvo que casos como el de Odebrecht deja claro
que quienes corrompen no solo buscan los niveles más bajos de la administración
Estatal.
“Muchas veces el que
corrompe es un privado, entonces aquí también hay que hacerle un llamado al
sector privado para que asuma sus responsabilidades, la corrupción se ha
globalizado, el caso Odebrecht muestra muy claramente esa situación”, agregó la
experta.
La problemática de
corrupción se suma, según Alejandra Barrios, directora de la Misión de
Observación Electoral, al entorno democrático. Gran parte de quienes fueron
elegidos en los más recientes comicios han tenido que salir de sus cargos por
irregularidades.
“Solamente el año
pasado tuvimos una elección atípica cada 15 días, de esas elecciones atípicas
más o menos el 50 por ciento correspondía a candidatos que tenía algún tipo de
investigación de carácter judicial, que tuvieron que ser retirados del cargo
porque tuvieron alguna condena, no solamente por temas administrativos sino por
temas relacionados con los aspectos penales o con candidatos que no cumplían
los requisitos para poder estar en el cargo”, puntualizó Barrios.
Casos recientes de
peculado como la exdirectora del IDU Liliana Pardo y el exviceministro de
agricultura, Juan Camilo Salazar, enviado a la cárcel La Picota por el caso
Agro Ingreso Seguro y de cohecho como el que involucró a Yidis Medina, son algunos
de los más representativos en un panorama que, según los expertos, deja a
Colombia con una necesidad de administración eficiente en materia de justicia
contra la corrupción.
