Advertencias a la
gobernadora Marcela Amaya hizo la gerencia de la Contraloría General de la
República, con la que alertaron de una incidencia fiscal por más de tres mil
millones de pesos en la ejecución del contrato de construcción del resguardo
indígena Domo Planas en el municipio metense de Puerto Gaitán.
Una observación
administrativa con posible incidencia fiscal por un orden superior a los 3.017
millones de pesos con posible incidencia disciplinaria fue la que hizo a la
gobernadora del Meta, Marcela Amaya, el contralor delegado intersectorial para
el Departamento Carlos Barragán Galindo.
En la misiva dirigida a
la mandataria seccional el funcionario llamó la atención sobre ciertas
“observaciones”, que involucran recursos de la Secretaría departamental de
Vivienda, con respecto del contrato 1470 de 2015 suscrito a través de la
mencionada dependencia y cuyo objeto es la construcción de viviendas de interés
social para las comunidades indígenas del Departamento del Meta.
El contrato fue
suscrito por 21.030 millones de pesos, de los cuales han sido “cancelados” más
de 13.308 millones, de los cuales corresponden más de 5.585 millones al
reconocimiento de la “Parcial I” y más de 7.722 millones al valor del anticipo
no legalizado a la fecha.
Pese a los desembolsos,
ha habido irregularidades en la ejecución como la parálisis desde hace tres
meses en los frentes de trabajo en los resguardos Awaliba, El Tigre, Vencedor y
Domo Planas y el adeudamiento de salarios a los obreros por parte del
contratista, cuyo nombre no se especifica en la misiva de la Contraloría.
También se ha
evidenciado ciertas irregularidades en la construcción de algunas de las casas.
Los enviados de la
Contraloría evidenciaron, tras denuncias de las comunidades, que las casas
tampoco se están construyendo con las especificaciones estipuladas en el
contrato, poniendo a sus futuros habitantes bajo riesgo sanitario.
El contralor delegado
Barragán, asimismo, le dijo a la gobernadora Amaya que tiene cinco días hábiles
contados a partir de la fecha del recibo de la carta para responder ante las
observaciones planteada.
Ante la advertencia explicaron
que el programa de Vivienda Indígena de la gobernación se ejecuta en 10
municipios del Meta donde se construyen 517 casas, por 20.000 millones que
beneficiarán a 10 resguardos de Mesetas, Uribe, Puerto Gaitán y Puerto López
entre otros.
Aseguran en la
Secretaría de Vivienda del Meta que en algunos municipios ha sido imposible
avanzar como en Uribe y Mesetas porque no hay vía donde es necesario subir a
lomo de mula.
En Puerto Gaitán es
donde está más avanzado pero donde ha habido mayor dificultad para poner de
acuerdo las diferencias entre los gobernadores indígenas según Luis Alberto
Rodríguez secretario de Vivienda del Meta.
El consorcio Awaliba,
que ejecuta el contrato y ante las
advertencias de la gerencia de la Contraloría General de la República en el
Meta, armará un plan de contingencia y la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Vivienda inició proceso de incumplimiento al contratista.