Los organismos de
control mostraron su preocupación por la posibilidad de una demanda
internacional contra la Nación, que podría entablar Gas Natural Fenosa, para
obtener una reparación de 4 mil millones de dólares (más de 12 billones de
pesos) por el caso Electricaribe.
Fuentes de la
Contraloría señalaron a RCN Radio que en el sentir del contralor Edgardo Maya
está que “esta estrategia de la empresa española le ha dado resultado en otras
latitudes como Ecuador, Argentina y otros países de Centroamérica, donde han
ganado este tipo de pleitos internacionales”.
Las fuentes indicaron
que “el Gobierno debe obrar con responsabilidad en el proceso de intervención
de Electricaribe para no hacerse acreedor al pago de esta cifra que supera los
10 billones de pesos colombianos”.
De igual forma, las
fuentes señalaron que “la mejor estrategia del Gobierno hubiera sido dejar que
Electricaribe incumpliera con los pagos a las generadoras, con el fin de tener
un argumento fuerte para la intervención”.)
Incluso la misma
empresa española recordó esta semana en un comunicado que en su momento activó
“el proceso de conversaciones para tratar de resolver, de manera negociada, la
situación de la compañía en el marco del tratado de protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia”.
Por su parte, la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, informó que
su cartera recibió una controversia por parte de Electricaribe luego de que el
Gobierno decidiera intervenirla por los constantes fallos en su servicio.
En ese sentido, la
controversia se ampara en el acuerdo bilateral de inversión y con esta
presentaron argumentos para que el Ministerio dé su visto bueno para aprobarla
y que se estudie con un periodo máximo de seis meses.
“Tendríamos seis meses
dentro de ese proceso para una negociación, en el caso que no se dé la
negociación, entraríamos a tres meses para preparar el caso, y todavía tenemos
varios meses de camino para avanzar”, señaló.
Sin embargo, la titular
de la cartera comercial aclaró que la intervención a Electricaribe no está
dentro de este proceso de controversia, “el Gobierno nacional tiene una obligación
como Estado, que cuando se dejen de cumplir los derechos de los ciudadanos,
pues tiene que accionar”.
De igual forma dio un
parte de tranquilidad para las empresas internacionales, pues tras la
intervención a Electricaribe se ha sugerido que esto puede llevar a que las
empresas se puedan ir del país por otras posibles intervenciones.
“Colombia ha recibido
en los últimos cinco años 722 empresas internacionales que han invertido y han
creído en el país, y siguen llegando. Se han ido unas seis o siete, o sea que
la proporción no es comparable, las empresas internacionales saben que Colombia
tiene oportunidades”, manifestó.
Finalmente Andrés
Taboada, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, afirmó que más que
un nuevo operador, lo que necesita ahora Electricaribe es mejorar las redes de
distribución eléctrica.
Según el dirigente
gremial “nada nos ganamos con que llegue un nuevo operador, si este no cuenta
con unas redes mejoradas y de calidad, y para eso es necesario que se inviertan
mínimo 2 billones de pesos”.