Los funcionarios
delinquían principalmente en el departamento del Atlántico, con actividad
concentrada en seis municipios.
Luego de cino meses de
investigación, las autoridades dieron con la captura de siete registradores que
estaban falsificando cédulas colombianas para entregarlas a ciudadanos
extranjeros que transitaban de manera ilegal por el territorio nacional.
Presuntamente estos
funcionarios públicos están al servicio de una red dedicada al tráfico de
migrantes y trabajaban en Ponedera, Malambo, Candelaria, Luruaco, Santo Tomás y
Barranquilla,
"Funcionaba bajo
dos modalidades: a los cubanos se las vendían para que pudieran transitar por
el territorio sin problema y cruzaran a Centroamérica para llegar a
Norteamérica y a los venezolanos para quedarse en nuestro territorio",
indicó Cristian Krüger Sarmiento, director general de Migración.
El funcionario señaló
que, pese a las ayudas brindadas por el Gobierno colombiano a los venezolanos,
estos siguen consiguiendo documentos de manera fraudulenta para obtener la
nacionalidad.
De acuerdo con
Migración, los registradores recibían entre 600 mil y un millón de pesos por
entregar un Registro Civil, con el que después procedían a reclamar la cédula
de ciudadanía los extranjeros.
Expertos en
documentología y grafología de Migración Colombia determinaron que la misma
persona fue testigo en más de 1.700 registros.