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lunes, 5 de septiembre de 2016

INVESTIGAN DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FIRMA DE NATALIA SPRINGER CON PLAN DE VIVIENDAS GRATUITAS


La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para verificar un posible detrimento patrimonial, en un contrato de consultoría que adelantó la firma de la politóloga Natalia Springer, con la Fiduciaria Bogotá, en el programa de viviendas gratuitas.
En desarrollo de este contrato de consultoría, la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. debía realizar un diagnóstico por cada uno de los proyectos que contaran con viviendas terminadas y asignadas, a título de subsidio familiar de vivienda en especie a los hogares beneficiarios, en los municipios seleccionados.
Sin embargo, se encontró que el diagnóstico técnico-estructural que hace parte del producto dos que entregó la firma, “reproduce parcialmente textos que, sin mencionar la fuente, fueron extraídos de documentos como el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia del Municipio de Montería y el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla”, lo que conlleva a que se hubiera conjurado una falta penal, por violación a derechos de autor.
Así mismo, señala la Contraloría, “en el documento que según expresa la entidad contiene el Plan Operativo, hace parte de la propuesta de la firma contratista, o sea que es anterior a la aceptación de la propuesta y, por ende, a la firma y ejecución del contrato”.
Frente a estos hechos, el organismo consideró que se produce una posible afectación al patrimonio público en la cuantía estipulada en el contrato para el producto Plan Operativo, por valor de $139.9 millones.
De otro lado, como parte de esta auditoría, el organismo de control descubrió dos hallazgos con presunta connotación fiscal, que suman $419,8 millones de pesos.
Según la auditoría, “el proceso de supervisión de este contrato fue débil y no se cumplió con la responsabilidad de vigilar debidamente su ejecución”, reprocha la Contraloría a Fonvidienda, que en últimas designó al supervisor.
Ante esto, la Contraloría consideró pertinente adelantar una indagación preliminar para establecer la existencia y la cuantía del presunto daño patrimonial, con ocasión de este hallazgo administrativo

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