La Contraloría General
de la República adelantó una auditoría a la gestión que llevó a cabo la
Fiscalía durante el año 2015 y detectó por los menos 131 irregularidades, entre
administrativas y fiscales.
Según el organismo, de
ese total, 41 hallazgos fueron descubiertos en el nivel central del ente
investigador, mientras que 89 correspondieron a las seccionales de Antioquia,
Boyacá, Santander y Valle del Cauca.
Estas inconsistencias
obedecieron a la administración del entonces fiscal General, Eduardo
Montealegre.
Entre las
irregularidades sobresale un presunto manejo ineficiente del Fondo Especial
para la Administración de Bienes (FEAB), organismo que tiene como función
principal administrar los bienes decomisados en procesos judiciales.
En este punto, la
auditoría evidenció que en Medellín existen 12.474 títulos bienes avaluados en
3.849 millones que están en el limbo, por cuanto sobre ellos no hay una
decisión, la mayoría de ellos con 43 años de antiguedad.
Otras inconsistencias
fueron halladas en Boyacá, donde se descubrieron 301 carros y motos, cuyo costo
asciende a 850 millones y que están en un patio de Tunja, sin ser utilizados.
De este total, 60
automotores llevan más de 10 años sin que pese sobre ellos una decisión
judicial.
También se evidenció
una regular administración de los bienes, razón por la cual no pudo gestionar
25.000 millones, que serían invertidos en en infraestructura y tecnología.
Por último, el
organismo de control hizo una revisión a fondo de los contratos con asesores, y
descubrió que en uno de ellos, suscrito en enero del 2015, por 348 millones de
pesos, se contrató al arquitecto español Manuel Sánchez Vera, quien no contaba
con la experiencia necesaria para desarrollar la tarea para la cual le fue
asignado dicho contrato.
