Por: JUSTICIA Del Tiempo.
Para no dejarse capturar, un hombre armado con
un cuchillo ataca a un policía en una concurrida calle de Bogota.
3 de mayo Estación de
TransMilenio de la calle 80 con avenida Boyacá. Una patrullera es lanzada al
asfalto luego de hacerles un llamado de atención a dos hombres que se colaron
al sistema.
5 de mayo. Localidad de
Suba, noroccidente de Bogotá. Dos policías son atacados por un grupo de al
menos 10 jóvenes, que terminan pateándolos cuando los uniformados están
indefensos y tendidos en el piso.
14 de mayo. Sector de
Molinos, sur de la capital. Cuatro policías son atacados cuando atendían una
riña.
Esos incidentes, que no
corresponden a los enfrentamientos usuales de la Fuerza Pública contra
delincuentes o en el marco de disturbios, ocurrieron en menos de un mes. El
general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana, dice que
este año al menos 400 uniformados han sido lesionados cuando realizaban
procedimientos en la ciudad, y el cuadro se reproduce por casi todo el país.
¿Qué está pasando? La
Policía asegura que se debe a un “desvanecimiento del concepto del respeto” por
la autoridad y por el otro.
“No solo es sobre el
respeto hacia la Policía, sino hacia las autoridades en general, incluyendo la
autoridad paterna y materna. El país no solo se tiene que preguntar por qué
agreden a los policías, sino también por qué el hijo agrede a la madre, o el
padre a la esposa. Esos comportamientos son una de las mayores causas de
lesiones personales y hasta de homicidios”, dice el general Rodolfo Palomino,
director de la Policía.
Consultados por este
diario, varios policías aseguran que las agresiones verbales son también muy
frecuentes, y que van desde señales obscenas y escupitajos, hasta frases como
“yo me gano mucho más que usted”.
Legislación débil
Ese tipo de conductas
serían casi impensables en Estados Unidos, Inglaterra o en países más cercanos
como Chile, donde la legislación que protege a los defensores de la ley es
drástica.
En Estados Unidos, de
acuerdo con expertos, una agresión como las anteriores es equiparada con una
amenaza contra la integridad del uniformado, que tiene potestad para usar
armas, incluso letales, si siente que su vida está en riesgo.
En España, las
agresiones contra agentes de Policía están tipificadas en el artículo 551 del
Código Penal, que señala un castigo con penas de prisión de entre dos y cuatro
años, y multas. Pero la comisión del delito suele ser difícil de probar. En
marzo del 2014, por ejemplo, más de cien policías fueron agredidos por
radicales. De 20 detenidos solo uno terminó en la cárcel.
Un informe del Centro
de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) menciona que entre los
factores de pérdida de autoridad de la Policía está la falta de normas fuertes
que los protejan cuando salen a cumplir su deber.
Algo así como la
‘teoría de la ventana rota’, pero aplicada a la autoridad. Es decir, una vez
que la gente ve que puede cuestionar o hacer caso omiso de las órdenes de un
policía, faltarles el respeto o, incluso, agredirlos físicamente, este tipo de
comportamientos se multiplican por la percepción de que es una opción, de que
se puede hacer. Y la gasolina que alimenta este fuego es precisamente la
pública constatación de que quien lo hace no sufre ninguna consecuencia grave.
Aunque nuestro Código
Penal contempla penas de entre 4 y 8 años a quienes “ejerzan violencia contra
un servidor público”, se trata de una conducta poco judicializada y, menos aún,
sancionada.
Cada año, en promedio,
hay unas 3.000 capturas por ataques contra servidores públicos. Las cifras del
Inpec dan cuenta de 383 personas en las cárceles, de las que solo 22 han sido
condenadas.
El tema es aún más
grave en el Código de Policía vigente, donde una agresión contra un uniformado
se considera una contravención menor.
Falta de confianza
No obstante lo
anterior, expertos en seguridad coinciden en que el irrespeto hacia la Policía
también se debe a los bajos niveles de credibilidad en las instituciones, que
atizan actos de corrupción y hasta un lastre histórico.
Juan Carlos Ruiz,
director de la maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la
Universidad del Rosario, dice que desde la creación de la Policía, en 1891, las
relaciones con la comunidad fueron distantes y que esa falta de confianza, de
alguna manera, persiste.
“Las clases acomodadas
la menospreciaban, porque sus hombres eran de estratos bajos. Y los sectores
populares no la aceptaban, porque los reprimían en las chicherías”, explica
Ruiz.
Agrega que aunque la
Policía se ‘repensó’ con la creación de escuelas para una mayor
profesionalización, aún en el imaginario de la gente persiste esa carga
negativa, que hace que en muchos casos la desconfianza supere al sentido de
autoridad y a ese vínculo natural que debería haber entre ciudadanía y quienes
están ahí para protegernos a todos.
El general Palomino
está convencido de que el problema está en la falta de civismo de una sociedad
donde sigue predominando la ley del ‘sálvese quien pueda’. Otros argumentan que
hechos como el ocurrido la noche del viernes, cuando cuatro patrulleros fueron
capturados por participar en una banda dedicada al ‘paseo millonario’ en la
capital, en nada ayudan.
Lo que parece claro es
que hay que romper este doble círculo pernicioso, y rápido.
Un 38 % de imagen
desfavorable
La última encuesta
Gallup, de abril, arrojó que el 38 por ciento de los consultados tienen una
imagen desfavorable de la Policía. La preocupante cifra es, sin embargo, menos
crítica que la de diciembre, cuando el nivel de desconfianza era del 51 por
ciento.
Además de estrategias
para detectar y castigar a las ‘manzanas podridas’, dicen los expertos, se
requieren nuevas campañas para acercar la Policía a los ciudadanos. Eso
ayudaría a mejorar mucho, opinan, la percepción en la sociedad de esta vital
institución, y la de sus hombres.