El Congreso decide
acabar la Comisión de Acusaciones, pero en la práctica sólo le cambió el
nombre.
El Congreso y el Gobierno tenían la
oportunidad de reformar la manera como hoy se investiga a los altos
funcionarios del Estado. Una de las promesas del Gobierno y el Congreso, en la
gran reforma para equilibrar los poderes, era acabar con la inoperante Comisión
de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Varios y numerosos
argumentos se expusieron para ponerle punto final a esta cámara. En toda su
historia esta comisión ha sido incapaz de culminar un proceso contra los altos
dignatarios que tiene que investigar, entre ellos el presidente de la
República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Tanto que
ha sido llamada ‘comisión de burlas’ o ‘comisión de absoluciones’.
El Congreso y el
Gobierno tenían la oportunidad de reformar la manera como hoy se investiga a
los altos funcionarios del Estado. Y aunque había fórmulas, el jueves en la
noche, y con una muy ajustada votación, el Senado prácticamente se limitó a
cambiarle el nombre a la Comisión de Acusaciones.
Ahora se llamará
Tribunal de Aforados. Este sólo se limitará a adelantar investigaciones y no
tendrá nada que ver con el juzgamiento de los funcionarios bajo su competencia.
Eso fue lo que indignó
a la senadora Claudia López, quien fue derrotada por la plenaria en la
propuesta que consiguió aprobar hace dos semanas en la Comisión Primera del
Senado.
La fórmula de López era
que ese tribunal estuviera conformado por nueve magistrados, divididos en tres
salas. La primera investigaba, la segunda juzgaba y la tercera garantizaba la
doble instancia.
Pero no. El Senado
decidió que ese nuevo tribunal estará integrado por cinco magistrados y sólo se
investigarán las conductas de los aforados que serán juzgados políticamente en
el Senado.
Por eso la senadora de
la Alianza Verde afirmó que, de aprobarse de esta forma, "este será el
único tribunal en el mundo que no haga juicios".
Y más aún, el Senado
decidió aumentar los funcionarios aforados. Cobijó ahora al procurador, el contralor
y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Es decir, mayores
competencias para un tribunal que estará integrado con menos investigadores.
Con esta decisión, no
sólo el presidente de la República y su vicepresidente tendrán juicios políticos
en el Congreso, también los tendrán el fiscal, los magistrados de las altas
cortes, el procurador, el contralor y los magistrados del Consejo Nacional
Electoral. Es decir, más funcionarios con fuero ‘cuasipresidencial’.
Por eso responsabiliza
Claudia López al fiscal Montealegre, a quien señaló de atemorizar al Congreso
para que este lo blinde de cualquier juicio penal. Sin embargo, en la Unidad
Nacional la cuestionan por ser una mala perdedora.
En conclusión, la
superreforma de equilibrio de poderes del Gobierno ha quedado en una reformita.
Por lo menos en lo que
a la Comisión de Acusaciones se refiere, la gran reforma fue cambiarle el
nombre, pasarla de 15 a cinco magistrados, pero sus herramientas y competencias
parecen ser las mismas de la llamada Comisión de “absoluciones”.