• En comunicación
enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el jefe del
Ministerio Público manifestó diversas inquietudes frente a la denominada
“Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” que se reúne actualmente en
La Habana (Cuba).
• “La verdad como
derecho no puede ser jamás el resultado de una negociación entre el Gobierno
Nacional y las FARC. La verdad no se negocia, al igual que no se negocian los
derechos de las víctimas”, expresó.
• “¿Qué se pretende
realmente? ¿Revelar verdades? ¡Eso es lo que Colombia reclama!”, preguntó el
procurador general al jefe de Estado.
En defensa de los Derechos Humanos y en
cumplimiento de su función constitucional de representar a la sociedad
colombiana, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,
envió una comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, en la que plantea las inquietudes que surgen a propósito de la
conformación de la denominada “Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas”, cuyos integrantes se encuentran en La Habana (Cuba) en el marco del
proceso de diálogos que adelantan el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero
FARC.
Ante la próxima
instalación de dicha comisión y la notoria ausencia de quienes pueden aportar
realidades directas y concretas como víctimas del grupo terrorista, el jefe del
Ministerio Público resaltó que “la sociedad tiene derecho a conocer la historia
a través de un relato colectivo que refleje, de la manera más fidedigna
posible, la realidad de los crímenes y de los aparatos criminales”.
Insistió el procurador
en que “la verdad como derecho no puede ser jamás el resultado de una
negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC. La verdad no se negocia, al
igual que no se negocian los derechos de las víctimas”, ello en el contexto de
la reiterada jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional y en el
derecho que tiene la sociedad colombiana frente a la verdad del conflicto
armado y los métodos empleados por los victimarios que actualmente adelantan
negociaciones con el Gobierno.
Reiterando lo
manifestado en intervenciones públicas y ante la Academia, al procurador
general preocupa el hecho de que “la organización guerrillera pretende que el
informe de la comisión refleje su discurso histórico sobre lo que califica de
‘causas del conflicto social y armado’ (…) En un calculado esfuerzo para
reescribir la historia, de tal modo que la nueva narrativa que surja del
proceso de paz las legitime (a las FARC) y las vista de actor político, les
sacuda la percepción que tienen los colombianos respecto a su accionar
criminal, las eleve a un hecho histórico cuya responsabilidad no está en cabeza
de sus fundadores, dirigentes e impulsores, sino radicada en el conjunto de la sociedad
y en especial del Estado a través de las Fuerzas Militares”.
“La verdad no puede ser
la que quieren los victimarios de las FARC”, sentenció el procurador Ordóñez
Maldonado, alertando que este tipo de ejercicios ocultan la responsabilidad del
grupo terrorista en graves violaciones a los Derechos Humanos a través de
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios.
“Por eso extraña mucho
a la Procuraduría General de la Nación que se haya pactado una Comisión que
contribuya al ‘esclarecimiento de la verdad’, cuyo informe deberá ser difundido
a manera de un nuevo credo que explica a conveniencia de la Mesa de Conversaciones,
del propio Gobierno y de las FARC, la violencia que esa organización ha
desplegado durante décadas contra la sociedad”.
Tras recordar que el
Estado colombiano no puede delegar de ninguna forma obligaciones como la
construcción histórica de la verdad del conflicto y resaltar que la
confirmación de la comisión cuestiona seriamente su imparcialidad e
independencia, el jefe del Ministerio Público planteó cinco respetuosas
inquietudes al jefe de Estado:
• ¿Cuál es la lectura
que subyace en el proceso de La Habana y que se quiere ahora oficializar con
dicha comisión?
• ¿Es ético imponer un
relato sobre la violencia que resulta de la negociación de intereses del Estado
y de las FARC, no de los intereses de la sociedad, que no son otros que se conozca
la verdad sobre los hechos victimizantes y se respeten los derechos de las
víctimas?
• ¿Qué se pretende
realmente? ¿Revelar verdades? ¡Eso es lo que Colombia reclama!
• ¿Qué garantías se
ofrece a la sociedad y qué mecanismos de controversia o complemento al
contenido del informe existirán?
• ¿Cómo se permitirá la
participación de las víctimas en la discusión que se adelante para elaborar el
informe de la comisión? Las víctimas y la sociedad tienen derecho.