D Semana…Se calman los
ánimos en la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tendrá
que desdecirse tras el polémico acuerdo que suprimía al menos 130 despachos del
programa de descongestión judicial ante
la desbordada demanda de justicia de los ciudadanos.
El pasado 29 de julio,
cerca de 48.000 funcionarios judiciales se fueron a paro en busca de recursos
que permitieran garantizar la sostenibilidad del programa de descongestión
hasta diciembre próximo, pero fue en cuestión de días que el Gobierno y los
miembros de la Rama Judicial llegaron a un acuerdo que puso fin al cese de
actividades.
Entre las medidas se
habló de la inversión de 170.000 millones de pesos -de 250.000 millones de
pesos solicitados en principio- para el pago de los empleados de los juzgados.
Sin embargo, una decisión de la Judicatura tomada el pasado viernes caldeó
nuevamente los ánimos de los funcionarios judiciales que decidieron en la tarde
de este lunes volver a paro.
Ante esta sorpresiva
medida, los tribunales de Bogotá y Cundinamarca se unieron, este lunes, a la
jornada de cese laboral convocada por Asonal judicial.
Sin embargo, los
funcionarios retomarán sus actividades este mismo martes, luego de que la
Comisión Interistitucional de la Rama Judicial -integrada por los presidentes
de las altas cortes, el fiscal, general, el ministro de Justicia e integrantes
de los sindicatos- acordaron una
modificación al acuerdo firmado por el presidente de la Sala Administrativa de
la Judicatura, Pedro Munar.
A pesar de acuerdos de
los acuerdos logrados, las medidas no son suficiente, pues si bien no habrá
recorte de de despachos y de funcionarios, se estima que los recursos
alcanzarán hasta noviembre y no hasta diciembre como exigían los sindicatos.
Además, subyacerá el problema de fondo que es la falta de jueces, personal e
infraestructura para descongestionar la justicia, procesos que deberían ser
atendidos por despachos en propiedad.
“Hasta noviembre. Da
para cuatro meses. De aquí allá vamos a
pedir una entrevista con el presidente para demostrarle la necesidad de
continuar el programa durante el resto del año”, señaló por lo pronto Luis
Fernando Otálvaro, presidente de Asonal. Siguiendo esta línea, serían 45.000
millones de pesos los que harían falta para sostener el programa hasta fin de
año.
Haciendo cuentas, con
esta nueva inyección de recursos, en total sumarían 528.000 millones de pesos
destinados para terminar el plan de descongestión en lo que queda del 2014.
Por ahora las altas
cortes lograron salvar los 81 puestos claves para atender sus procesos y 130
despachos judiciales de descongestión para evacuar trámites represados.
Por su parte, la Corte
Constitucional hizo un llamado al gobierno para que desembolse los fondos
necesarios para salvar los cargos de descongestión. Asimismo le exigió a la
Judicatura rigurosidad en las decisiones relativas al tema. "Deplora la
Corte la falta de planeación que refleja la manera de conducir la política de
descongestión en el poder judicial, particularmente en esta Corporación.
Por tanto, "hace
un llamado a todas las instancias involucradas en estas determinaciones, como
son el Ministerio de Hacienda y la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, para que de manera urgente y expedita corrijan el déficit de
personal referido" se lee en el comunicado.
Asimismo, cuestionó la
intempestiva decisión de la Judicatura de suprimir los cargos de manera
repentina, "una determinación de esta naturaleza resulta aún más
preocupante cuando el país se encuentra en la construcción de un proceso de
paz, para el cual resulta determinante una administración de justicia
independiente y fortalecida”.
Tras el choque vivido
este lunes en la cúpula de la Justicia, apareció una luz al final del túnel que
no es definitiva pero si tranquiliza y calma los ánimos, mientras el aparato
judicial busca continuar su titánica tarea en un país lleno de conflictos.