D El Espectador.
Tecnoquímicas, Tecnosur, Kimberly, Familia y Drypers, con sus
marcas Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec, son las investigadas por
acordar subir sus precios.
Desde diciembre del año
pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tenía claro que en
Colombia habría ciertos grupos de empresarios que estarían pactando precios y
repartiendo el mercado en el que trabajaban para su propio beneficio, violando
el régimen de libre competencia. Sus sospechas fueron tan fuertes que abrieron
investigaciones contra azucareros, arroceros y hasta cementeros.
Por eso, el ente
regulador emprendió una lucha para sacarlos a la luz y sancionarlos, y para
lograrlo trajo al país uno de los modelos más usados por los norteamericanos:
la delación. Se trata, ni más ni menos, del Programa de Beneficios por
Colaboración. Allí, si uno de los vinculados al ‘cartel de precios’ confiesa su
participación y aporta las pruebas suficientes para desmantelar a los
‘cabecillas’ y demás activos participantes, podrá quedar exonerado de la
indagación.
Y eso, justo, fue lo
que sucedió en el ‘cartel de los pañales’, el que, de acuerdo con la SIC,
estaba conformado por las empresas Tecnoquímicas, Tecnosur, Colombiana Kimberly
Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueños de las marcas Winny
Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec. Asegura el ente regulador que estarían
violando el “régimen de libre competencia con su participación en acuerdos
empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales
desechables para bebé en Colombia desde el año 2000 y hasta el año 2013, fijar
la calidad de los mismos y forma de comercialización”.
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| Listado de personas Naturales. |
Todo se supo después de
las visitas hechas por los investigadores de la SIC en noviembre del año
pasado. Las pruebas eran tan claras que dos de los implicados reconocieron su
participación y pidiendo protección de identidad soltaron la información de la
que se sospechaba. Desde ese momento y hasta hoy se tienen 700 correos
electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios, además de otras pruebas
sobre más de 20 reuniones hechas en el exterior y donde se acordaban detalles
de la implementación del ‘cartel’.
El caso tomó mayor
fuerza si se tiene en cuenta que el mercado de pañales desechables para bebé en
Colombia ha vendido en los últimos 15 años más de $7,7 billones, que son unas
11.300 millones de unidades. Actualmente hay más de dos millones de bebés que
usan este tipo de productos en el país y para quienes sus padres invierten
medio billón de pesos al año comprando 1.000 millones de pañales.
“En todas las reuniones
a las que asistí, existió siempre una llamada previa entre los presidentes, de
(...), que (…) me las hacia saber, pues me indicaba que ya había hablado del
tema con ellos, y que el objetivo era subir precios y regular el canal. El tema
era muy claro: subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas al
canal, y una vez comenzó a existir la presión del área financiera de (…), se
dio la instrucción clara de que el incremento debía ser el 10%”, se lee en las
declaraciones que soportan el expediente.
De acuerdo con Pablo
Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, si una vez se culmine
el proceso se declara que existió efectivamente violación a las normas de libre
competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las
conductas anticompetitivas, podrá imponer multas a quienes infrinjan las
disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta $61.600
millones por cada infracción; y a las personas naturales que actúan en
representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta $1.232 millones.
Responsabilidad que tienen que asumir las 44 personas implicadas.
Este es el primer gran
golpe que da el Gobierno desde diciembre de 2013 cuando se lanzó la estrategia.
En ese momento Robledo fue claro y le dijo a El Espectador: “Vamos a perseguir
a los carteles en Colombia y los acuerdos para fijar precios y repartirse el
mercado”. En Estados Unidos, cuando comenzó el programa, al primer año se pasó
de desmantelar 7 estructuras de este tipo a 20, pero claro, todas las denuncias
condujeron al líder, y este es el único que no se puede acoger a este Programa
de Beneficios por Colaboración, que funciona como el principio de oportunidad
que tiene la Fiscalía General de la Nación.