La Juez 40 Penal
Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento
intramuros a cinco personas por su presunta responsabilidad en la pérdida de
100 pistolas Sig Sauer 9 milímetros, las
cuales desaparecieron de un depósito aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional.
Los afectados con la decisión, son: Jhon Jairo Amézquita
Ruíz, Uriel Vasallo Ramírez, Yesid Fernando Quiroga, Carlos Rodrigo
Ramírez Cadena y Alexander García Lemus;
quienes según lo expuesto por el Fiscal 20 Antiterrorismo en las audiencias, se
dedicaron, supuestamente, a negociar y a vender parte de las 100 pistolas que
desparecieron.
De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de noviembre, cuando un perito aduanero revisaba
los documentos para nacionalizar 990 pistolas importadas por la Policía
Nacional, se descubrió que en 10 cajas, por lo menos, hacían falta un total de
100 armas, las cuales habían llegado de Estados Unidos el pasado 27 de
septiembre y cuyo valor es de $88 227 000.
Tras la investigación,
las autoridades realizaron un total de 7 allanamientos, en distintas zonas de la
capital del país, donde fueron
sorprendidos los imputados.
El fiscal del caso indicó que
un ciudadano que había comprado un total de 26 de las pistolas, al
conocer por los medios de comunicación que estas pertenecían a un lote que se
había perdido del Fondo Rotatorio de la Policía, decidió acudir a las autoridades y entregarlas.
También se determinó que
las 26 armas habían sido vendidas por
$36 750 000 y como parte de la comisión
el negociador recibió $3.000.000.
Según la investigación el cargamento fue escoltado por
integrantes de la Policía Nacional, hasta las bodegas, donde se extraviaron las
100 pistolas.
La Fiscalía imputó a los procesados cargos por tráfico,
fabricación y porte de armas de fuego agravado, receptación y peculado por apropiación; delitos que no
fueron aceptados.
Indicó la juez que “esta clase de actuación, la de poner
armas del estado en manos de terceros
causa un atentado contra la seguridad pública”, por ello, al culminar
las audiencias envió a la cárcel La Picota al funcionario del Fondo Rotatorio,
Carlos Rodrigo Ramírez Cadena; mientras que para los otros cuatro imputados
dispuso la cárcel Nacional Modelo, como su sitio de reclusión.