Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos del país, deberán ejercer control de legalidad rigurosa en el otorgamiento y autorización de documentos públicos que contengan manifestaciones de voluntad o actos jurídicos
Lo anterior con fundamento en la advertencia que la Contraloría General de la República hace a la Superintendencia de Notariado y Registro y demás entidades interesadas en el manejo del espacio público de las áreas costeras y marinas
Jorge Enrique Vélez García, Superintendente de Notariado y Registro, solicitó a Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos del país, mediante circular 1963 de 2013, ejercer control de legalidad rigurosa en el otorgamiento y autorización de documentos públicos que contengan manifestaciones de voluntad o actos jurídicos a través de los cuales se efectúen transferencias de dominio o cualquier tipo de afectación a bienes inmuebles, ubicados en zonas litorales de bajamar y costas, o que se encuentren afectados por explotación minera, ya que el Estado colombiano, de acuerdo a la normatividad vigente está en la obligación de proteger, preservar y restablecer el orden legal de los bienes de uso público apropiados indebidamente por personas naturales o jurídica.
La directriz dada por el Superintendente, tiene fundamento en la función de advertencia que la Contraloría General de la República hace a los Ministerios de Defensa, Minas y Energía, Transporte, Comercio Industria y Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencia de Puertos y Transporte, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Superintendencia de Notariado y Registro entre otras, relacionadas con el espacio público de las áreas costeras y marinas, donde señala con criterio técnico y preventivo de los posibles riesgos que se pueden presentar por conductas que afecten la integridad del patrimonio público con relación a la explotación y ocupación ilegal del espacio público de las áreas costeras y marinas, de las zonas de bajamar.
De acuerdo con el Superintendente, las conductas señaladas por la Contraloría advierten que estas podrían generar daño al patrimonio económico del Estado y riesgos ambientales de alto impacto para el país. Vélez García, también resaltó que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común que prevalece sobre el interés particular.