30 de diciembre de 2013 | 10:15 AM
A cuarenta años de cárcel fue condenado el teniente (r) de la
Policía Héctor Edisson Castro Corredor por el homicidio de seis integrantes de
la columna Antonio Nariño, de las Farc, en un evento que se conoció como la
Masacre de Mondoñedo.
La decisión tomada por el Juzgado Séptimo Penal Especializado
del circuito de Bogotá también lo inhabilita por un lapso de diez años para el
ejercicio de derechos y funciones públicas pues fue hallado penalmente
responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con secuestro
agravado.
En la sentencia, el juez ordenó la captura de Castro Corredor
por considerar que debe cumplir su pena en un centro carcelario, puesto que no
se cumple ninguna de las condiciones que le permitan conceder algún tipo de
beneficio penal.
Del mismo modo, Castro pagará una multa de 300 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y a pagar solidariamente 800 smmlv a
cada uno de los familiares de Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora
Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, cuatro de
las víctimas).
La condena había sido solicitada por la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía el pasado
mes de agosto.
Los crímenes ocurrieron en septiembre de 1996 en la hacienda
Fute, ubicada sobre la vía que de Mosquera comunica con Soacha y La Mesa, todos
municipios de Cundinamarca, en el sitio conocido como Alto de Mondoñedo. Allí
fueron hallados el 7 de septiembre, al suroccidente de Bogotá, los cadáveres de
Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios
Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, quienes habían sido muertos y posteriormente
incinerados con llantas para no ser reconocidos.
Asimismo, fueron muertos Federico Quesada en el barrio
Argelia, de la localidad de Kennedy, por hombres que se movilizaban en un
automóvil azul y una motocicleta, y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, baleado
por desde una camioneta roja de doble cabina en Fontibón. Todos ellos estaban vinculados a la red urbana del frente Antonio
Nariño, de las FARC.
Durante el juicio se supo que las víctimas salieron de sus
lugares de residencia para asistir a una reunión en la zona de El Salitre, en
el occidente de Bogotá, en la que analizarían lo relacionado con su seguridad
personal, pues temían que estuviesen siendo seguidos por miembros de los
aparatos de seguridad del Estado y presumían que alguien atentaría contra sus
vidas.
Durante las diligencias judiciales, el fiscal del caso
presentó argumentos y pruebas que indicaron que para esa época el oficial tenía
bajo su responsabilidad el grupo dedicado a la búsqueda de subversivos en la
Dijin y era él quien desde 1995 tenía conocimiento sobre la investigación
adelantada por el atentado a la Estación de Kennedy, que incluyó la
identificación e individualización de los insurgentes de la red urbana de las
FARC, a la cual pertenecían las víctimas.
Entre las pruebas presentados por el ente acusador se
encuentra el testimonio de William Nicolás Chitiva Gonzalez, uno de los
uniformados de la Dijin implicados en el caso, quien reveló detalles de cómo el
grupo llamado Blanco Subversivo, de la Dijin, tenía una informante que
pertenecía a la agrupación ilegal y cómo realizaron seguimientos a otros
miembros de la misma guerrilla.
Además, aseguró que, aunque él no participó en los hechos, si
conoció de parte de sus autores lo ocurrido y que ellos admitieron haber
cometido el múltiple homicidio. Estas declaraciones ocurrieron el año 2001.
Con ese testimonio y el de Alfonso Mora León, aunados a otras
pruebas, permitieron la condena de José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio
Pérez Díaz y Carlos Ferleín Alfonso Pineda a 40 años de prisión y multa de 1200
salarios mínimos legales vigentes como autores de las conductas delictivas de secuestro
y homicidio agravado. Chitiva y dos de sus hijos fueron asesinados en Cúcuta y
Bogotá.