Bogotá 05 de noviembre de 2019. La
Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía investigar y sancionar
a los responsables en 68 IPS que se negaron a atender el traslado ordenado por
Saludvida EPS, de dos bebés, una niña de 20 días de nacida en Arauca, y un niño
de cuatro meses en Barranquilla; quienes fallecieron por presuntas barreras en
el acceso al derecho a la salud.
El Ministerio Público
anexó el listado requerido a la Superintendencia Nacional de Salud de las
clínicas y hospitales que se negaron a recibir en sus unidades de cuidados
intensivos a los dos bebés, para que se determine si se presentó la comisión de
algún delito por parte de funcionarios y directivos de las instituciones
prestadoras de servicios de salud,
teniendo en cuenta la condición crítica de los pacientes.
Así mismo, se pidió a
la Supersalud adelantar las investigaciones administrativas frente a las IPS y
determinar las acciones adelantadas por Saludvida EPS para garantizar la
atención de los bebés y evitar barreras de acceso en la presentación de
servicios médicos.
En carta enviada al superintendente,
Fabio Aristizabal Ángel, el ente control alertó sobre el incumplimiento
normativo en el que podrían haber incurrido las clínicas y hospitales
denunciados, así como la EPS.
En su denuncia la
Procuraduría señaló que para el caso Arauca, 32 IPS con servicios de IV nivel
de atención conocieron la historia clínica y no aceptaron el ingreso de la bebé
de 20 días de nacida, mientras que en
Barranquilla, la solitud de traslado fue presentada a 36 IPS, con servicio de
UCI, que también negaron la prestación del servicio alegando no tener
disponibilidad de camas.
Recordó el Ministerio
Público que los niños hacen parte de una población objeto de protección
especial, y más cuando está en riesgo el derecho a la vida, lo que obliga a las
EPS a poner en marcha todas las acciones que sean necesarias para garantizar el
servicio de salud, a través de su red de prestadores de servicio, o a través de
instituciones públicas o privadas.