En 2017, la Sección
Tercera del Consejo de Estado le ordenó al Escuadrón Móvil Antidisturbios
(Esmad) aplicar una política de Derechos Humanos a su manual de operaciones.
Esta determinación se tomó después de condenar a la Nación por los hechos que
rodearon la muerte de un estudiante de la Universidad del Valle en Cali en el
marco de una protesta.
En esa oportunidad, el
alto tribunal determinó que en el operativo adelantado en septiembre de 2005
por el Esmad se omitieron todos los principios de precaución y
proporcionalidad, puesto que ingresaron por la fuerza al campamento que habían
instalado los manifestantes dentro del centro educativo.
En el fallo se reveló
que los agentes del Escuadrón dispararon bombas de gas y aturdidoras, obligando
a los jóvenes a salir del lugar. En medio del caos, se escuchó el disparo de un
“arma convencional” en contra del estudiante Jhonny Silva Arangurén, quien
falleció pocas horas más tarde en la Fundación Valle de Lili.
Tras revisar las
pruebas documentales y testimoniales se verificó que existió un abuso de la
fuerza por parte del Esmad, reseñando que bajo la premisa de evitar el bloqueo
de vías dispararon a los manifestantes.
“Las autoridades
policivas deben estar preparadas para mantener el orden, pero siempre
respetando los derechos a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el
espacio de libertad que requiere la protesta misma”, precisa uno de los apartes
de la decisión.
Debido a las fallas que
se presentaron en el procedimiento, al injustificado uso de armas y el abuso de
fuerza, se le ordenó a la Policía Nacional crear una política de Derechos
Humanos para que fuera atendida y puesta en marcha por los agentes del Esmad
para que casos como este no se presentaran nuevamente.
Expertos consultados
por RCN Radio señalaron que dos años y medio después de la emisión de este
fallo, poco o nada se ha hecho para la creación de esta política. Indican que
el manual de operaciones del Esmad no se ha modificado desde junio de 2017.
La resolución No. 02903
del 23 de junio de 2017 fijó el “reglamento para el uso de la fuerza y el
empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la
Policía Nacional”. Tras hacer una revisión, uno de los expertos consultados
señaló que solamente en el documento de 31 páginas no se hace ningún tipo de
mención a la política de Derechos Humanos.
Lo mismo se revela en
el documento con resolución 02002 del 29 de junio de 2018 por el “cual se
expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios
para la Policía Nacional”. En las 12 páginas –indicó- no se pone una
restricción clara al abuso de la fuerza ni a la utilización de las armas para
“frenar las protestas” y “mantener el orden público”.
Uno de los voceros de
las víctimas del Esmad, quien pidió reservar su nombre, aseguró que lo que en
los últimos meses se ha presentado un uso abusivo del Esmad para frenar
“cualquier protesta”. Considera que “la orden que se ha dado es acabar con las
manifestaciones a como dé lugar, utilizando para esto la fuerza y todas las
armas que tengan”.
Esto ha generado
incluso que se ataquen a personas ajenas a la marcha o se tomen medidas
“totalmente injustificadas” contra aquellos manifestantes. “Son detenidos,
golpeados, trasladados en camiones, amenazados. Son muchos los casos
registrados en los últimos meses en varias regiones del país, cada vez,
pareciera, se registra un mayor exceso de la fuerza”.
El abogado Germán
Romero, aseguró que tras el fallo del Consejo de Estado la Policía emitió una
escueta respuesta en la que señalaba que siempre han existido cursos para la
defensa de los Derechos Humanos, sin embargo, no se presentó una constancia de
su cumplimiento o aplicación.
Otros expertos
consultados señalaron que es necesario que se fije una política de derechos
humanos para evitar que los casos como el de Dilan Cruz, quien murió tras
recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente del Esmad que intentaba
dispersar una marcha el pasado sábado en el centro de Bogotá, no se presentan.
Consideran que este y
varios casos se habrían podido evitar si los agentes tuvieran la capacidad de
asimilar el daño que generan con su conducta, limitaran el uso de las armas en
casos extremos y evitaran ese tipo de actos cuando se presenta una marcha
pacífica y sin ningún tipo de alteración.