El director ejecutivo
de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, aseguró que bajo esa
jurisdicción hay varios casos que vinculan a militares en muertes de civiles
como lo es el de Dimar Torres, los ochos menores que murieron en el bombardeo
en Caquetá y el joven que murió en La Lizama, Norte de Santander.
Dijo que en el caso de
Dimar Torres, la competencia es de la justicia ordinaria ya que el nexo causal
se rompió, es decir y según se indica en el derecho, hubo una ruptura en la
relación entre la acción que determina un daño o la omisión de la acción y el
daño propiamente dicho.
“El juez del caso hizo
un análisis del caso del rompimiento del nexo causal y ese fue el resultado en
este caso”, dijo.
Sobre el bombardeo en
el Caquetá, que dejó ocho menores muertos, aseguró que están esperando los actos
urgentes del CTI para determinar su competencia, aunque indicó que fue un acto
legítimo.
“Tengo entendido por el
juez 124 que están esperando el desarrollo de los actos urgentes del CTI, pero esperemos qué dictamina el juez para
saber si pertenece a esta jurisdicción”, afirmó.
Agregó que “ese caso llegó, pero fue con toda la legitimidad
para que nunca se debilite la confianza en las Fuerzas Militares en recobrar el
orden público en el país”.
Cabe recordar que el
general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, aseguró en medio de
la controversia que ha generado el bombardeo que dejó la muerte de ocho menores
en Caquetá, que de saber de su presencia en esa zona no lo hubiera llevado a
cabo.
Indicó que en ese caso
hubiera primado la vida de los menores y no dar con la neutralización de alias
Gildardo El Cucho. “Si hubiéramos tenido conocimiento, no tomamos esa decisión
porque nosotros no podemos agredir menores”, dijo Martínez.
Su argumento es
contrario al del comandante de las FFMM, general Luis Fernando Navarro, quien
no quiso comprometerse al momento de responder si hubiera o no dado la orden de
bombardear.
