Pedro Chávarry estará fuera del cargo por cuatro meses,
aunque podría ser destituido.
El Consejo de Ética del
Colegio de Abogados de Lima, decidió suspender cautelarmente por cuatro meses
al cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que podría generar su
destitución.
La decisión fue tomada
por tres de los cinco miembros del Consejo de Ética por presuntas faltas en el
ejercicio del cargo de fiscal general, según la resolución de ese órgano
publicado en medios locales.
El presidente del
Consejo de Ética, Walter Ayala, consideró que, sin su pertenencia a esta
institución, Chávarry incumpliría los requisitos para seguir al frente de la
Fiscalía, pero recalcó que ese extremo queda en manos de la junta de fiscales
supremos.
Esa junta, compuesta
por los cinco fiscales de mayor rango, entre ellos Chávarry, ya instó esta semana
al fiscal general a dimitir tras la polémica destitución de los dos principales
fiscales a cargo del caso Odebrecht y su posterior reposición dos días más
tarde.
Sin embargo, la
presidenta del Colegio de Abogados, María Elena Portocarrero, advirtió que la
decisión del Consejo de Ética debe ser revisada en segunda instancia por el
Tribunal de Honor de la misma institución, del que ella es integrante.
Asimismo, indicó que
desde la presidencia de la entidad, instaron a Ayala a abstenerse de votar para
esta decisión, pero él alega que su voto fue expresado antes de esa petición.
Chávarry está
cuestionado por sus vínculos con una amplia red de corrupción judicial
descubierta en el seno de la judicatura que traficaba influencias, favores y
prevaricación, supuestamente liderada por el juez César Hinostroza, actualmente
en prisión provisional en España tras haberse fugado de Perú.
Este caso lo llevó a un
enfrentamiento con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, que en reiteradas
ocasiones le ha pedido dimitir por no considerarlo idóneo para el puesto.
Chávarry hizo caso
omiso a los pedidos del presidente, apoyado gracias al fujimorismo y al Partido
Aprista, que en el Congreso mantienen paralizadas una serie de denuncias
constitucionales para destituirlo de su cargo.
Sin embargo, se quedó
sin esos apoyos después de la contundente reacción del Gobierno y de la opinión
pública tras destituir el 31 de diciembre por la noche a los dos principales
investigadores del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro
expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori.
Lo hizo a escasas dos
semanas de que esos fiscales firmaran un acuerdo de colaboración eficaz
(delación premiada) con la constructora brasileña que previsiblemente ofrecerá
un importante avance a las investigaciones.
El fiscal general dio
marcha atrás y repuso a los fiscales después de que quienes iban a
reemplazarlos renunciaran a hacerlo y ante un proyecto de ley presentado por el
Gobierno en el Congreso para declarar en emergencia la Fiscalía.
Hasta ahora, Odebrecht
ha reconocido haber pagado millonarios sobornos en Perú entre 2005 y 2014,
acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para
financiar sus campañas electorales a la Presidencia del país.
