La Fiscalía General de
la Nación pone al descubierto preocupantes casos de corrupción en las cárceles
La Modelo y La Picota en Bogotá, y otros centros penitenciarios del país. Las
familias de los reclusos y los mismos internos pagaban a funcionarios del Inpec
por obtener beneficios en las celdas. Adicionalmente, se constató omisiones en
la verificación de las detenciones domiciliarias a cambio de sobornos.
“La crisis del sistema
penitenciario y carcelario no da más espera, es el fracaso de la política
criminal” Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación.
El sistema
penitenciario y carcelario en Colombia enfrenta una de las mayores crisis por
culpa de la corrupción, así quedó en evidencia con la operación ‘Celdas’, en la
que la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo mancomunado con el
Ministerio de Justicia y el Inpec,
desarticuló redes de funcionarios del Inpec y directivos de las cárceles que
estarían involucrados en sobornos para favorecer a los reclusos.
Precisamente, las dos
cabezas de los principales centros carcelarios del país, La Modelo y La Picota,
están vinculados a hechos corrupción.
Cárcel La Picota
Inicialmente, el
director de La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, fue capturado el 27 de
septiembre de 2018, con $20’000.000 en efectivo que corresponderían al pago
hecho por los familiares de un extraditable a quien, supuestamente, favorecería
con visitas no avaladas por el reglamento del penal.
El funcionario fue
judicializado y recibió medida de aseguramiento en cárcel por los delitos de
concusión en concurso hOmogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares en
calidad de autor.
En los próximos días,
una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará al mayor
Perdomo los mismos delitos (concusión y enriquecimiento ilícito), por nuevos
actos de corrupción que están documentados y serán presentados en audiencia
pública ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Cárcel La Modelo
Hoy, gracias al
material probatorio recaudado, investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron
diligencias de registro y allanamiento en la localidad de Puente Aranda y en
distintos puntos del norte de Bogotá. En los procedimientos judiciales fue
capturado el director de la cárcel La Modelo, coronel del Inpec César Augusto
Ceballos Giraldo, y otras cuatro personas que habrían diseñado un esquema de
corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de
drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar
visitas en horarios no autorizados.
El material recopilado
da cuenta que, una vez ingresaba un detenido a la cárcel, el director de La Modelo hacía un estudio
para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al
que podía ser enviado. Por ejemplo, en el patio tres (3) eran ubicadas las
personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar 3 millones de pesos
mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier
incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y,
supuestamente, no les garantizaban su seguridad.
Los testimonios y la
evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos
eran entregados al conductor del director la cárcel La Modelo o a uno de sus
escoltas. En otras oportunidades, los familiares
de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘El Paisa’, un hombre que
pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel.
La Fiscal de
conocimiento estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de
Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos
lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del
Inpec, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos.
La investigación puso
al descubierto una especie de tarifario que habría sido impuesto por el
personal del Inpec hoy investigado y los
particulares que estarían vinculados a las irregularidades detectadas. Por
ejemplo:
Permisos para cumplir
citas médicas, al parecer, tenían un costo de 2 millones de pesos, pero si el
chequeo era en EPS o medicina prepagada ascendía a 3 millones de pesos.
Ingresar whisky valdría
600 mil pesos; celulares, 400 mil; y droga, 500 mil, la libra.
Autorizar el ingreso de
personas en horarios no permitidos ascendería a 500 mil pesos al patio tres y
150 mil pesos a los patios comunes.
Capturas
Por los hechos ilícitos
detectados, la Fiscalía General de la Nación capturó a:
Coronel César Augusto
Ceballos Giraldo, director de la cárcel La Modelo, quien también se había
desempeñado como director de La Picota.
Capitán Néstor Daniel
Bernal Reyes, jefe de vigilancia de los patios.
Yovanny Esteban Rincón
Cardozo, conductor del director de la cárcel La Modelo
José Armando Suarez,
‘El Paisa, propietario de inmueble cercano a la cárcel.
Ana Rosa Casas
Martínez, propietaria de inmueble cercano a la cárcel.
En las próximas horas,
los cinco capturados serán llevados a audiencias concentradas ante un juez de
garantías por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para
delinquir.
Hay que resaltar que
durante los registros y allanamientos en las inmediaciones de La Modelo, los
investigadores del CTI de la Fiscalía se incautaron de droga, especialmente
marihuana, cerca de 9 millones de pesos en efectivo y otros elementos que están
en proceso de conteo y valoración.
Red de corrupción en La Picota
Adicional a las
capturas realizadas el día de hoy por los hechos de corrupción detectados en la
Cárcel La Modelo de Bogotá, recientemente fue desarticulada lo que sería una
organización criminal que, al igual que lo detectado en La Modelo, tenía a su
servicio casas y bodegas para recibir ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran
ingresados ilegalmente al centro penitenciario con la supuesta ayuda de algunos
guardianes.
Según la investigación,
también existía un esquema de tarifas por beneficios otorgados a los reclusos,
entre ellos, visitas, traslados, etc. Aquí, al parecer, funcionaba el
tarifario, que tenía algunos valores como:
El ingreso de perfumes
en frasco podría costar 100 mil pesos, peros si iba con su caja y empaque
original ascendía a 150 mil pesos. Entrar una muda de ropa podría superar los
300 mil pesos según la marca, e ingresar un reloj costaría 3 millones de pesos.
Autorizar visitas
oscilaría entre 100 mil pesos, si era a un patio común, y 3 millones de pesos
si se trataba del patio de extraditables. Se constató que autorizar visitas
íntimas o ingreso de acompañantes podría superar los 3 millones de pesos.
Todos estos valores
fueron conocidos gracias a cientos de horas de audios que corresponden a las
conversaciones en las que los integrantes de la red criminal negociaban desde
servicios sexuales hasta traslados.
Por estos hechos, fueron capturados cinco guardianes:
John Alexánder Sánchez
Porras
Leonardo Bermúdez
John Freddy Guzmán Tafur
Jonathan David Escárraga
Wilson Ferley García
Mahecha
Y los particulares:
Ángel Custodio Sánchez
Galeano y su esposa Jenny Paola Castillo Vásquez, propietarios de la casa
cercana donde se almacenaban las “encomiendas”.
En el allanamiento en la residencia fueron encontrados 9 millones de
pesos en efectivo, cinco celulares y los elementos empacados y listos para
ingresar al penal.
María Liliana Yuste
Vásquez, familiar de Castillo Vásquez.
Estas ocho personas
fueron presentadas en audiencias concentradas y judicializadas. A los
guardianes les imputaron cohecho propio y concierto para delinquir; mientras
que a los particulares les formularon cargos por cohecho por dar u ofrecer y
concierto para delinquir.
Los procesados fueron
cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de
residencia.
Verificación de medidas de aseguramiento domiciliario
En desarrollo de la
operación ‘Celdas’, la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, en
un trabajo coordinado con la Policía Nacional y Ejército Nacional, realizó una
jornada de verificación de cumplimiento de las medidas de aseguramiento
domiciliarias impuestas a procesados.
Según el Inpec, en
Colombia 60 mil personas son beneficiadas con detención domiciliaria y la
Fiscalía revisó el estado de 782 de ellas. Estos fueron los resultados:
376 de los detenidos
estaban evadidos, no han vivido ni residen en el domicilio reportado al Inpec o
la dirección entregada no corresponde. (48%).
406 de los verificados
se encontraban en el lugar reportado para la detención domiciliaria (52%).
Las personas
involucradas en estas irregularidades son procesadas por delitos como:
homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, receptación y
hurto calificado y agravado.
De otra parte, la
Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía solicitó en la última
semana, 10 audiencias de imputación de cargos y tres (3) órdenes de captura
contra funcionarios del Inpec por algunos de los siguientes delitos:
Sobornos
Irregularidades en el
pago de servicios y combustible
Tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes
Favorecimiento para la
fuga
Falsedad en documento
público y privado
“La crisis del sistema
penitenciario y carcelario no da más espera, es el fracaso de la política
criminal” Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación.