Desde
el año 2017, la Fiscalía, a través de su policía judicial CTI —adscrita a la
Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales—, con apoyo del
Ejército, detectó la presencia de supuestos disidentes de las Farc, que habrían
hecho parte del Frente 21, y que al parecer continuaron delinquiendo.
Se
presume que su accionar se concentraba en la extorsión a campesinos y
habitantes de varios municipios de los departamentos de Tolima y Quindío.
Gracias
al reconocimiento de varios testigos, entre otros elementos de prueba, la
Fiscalía logró vincular a una de estas personas, identificada como Álvaro
Segundo Suárez Rubio, quien sería cabecilla de grupo y que fue detenido
mediante orden judicial este 25 de noviembre en el corregimiento de Gaitania,
jurisdicción de Planadas (Tolima), por el CTI de la Fiscalía, el Ejército y la
Fuerza Aérea.
El
procesado se encontraba en una de las zonas veredales, creadas al término de
los acuerdos de paz para acoger a los desmovilizados del grupo alzado en armas
y acompañarlos en el proceso de reincorporación a la vida civil. Varias
personas que estaban con él se opusieron a que fuera capturado y sacado de la
zona, generando una asonada contra los uniformados que realizaban el
procedimiento.
Suárez
Rubio, conocido con el alias de Tomate, fue imputado por la Fiscalía por los
delitos de tentativa de extorsión, extorsión, desplazamiento forzado agravado,
concierto para delinquir agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego,
partes o municiones.
Según
el representante de la Fiscalía, las víctimas fueron alrededor de 19 personas
habitantes de fincas de los municipios de Salento (Quindío), Cajamarca,
Chaparral e Ibagué (Tolima), desde el año pasado hasta la fecha.
Se
presume que él, en compañía de otras personas, vistiendo camuflados y armados,
llegaban a intimidar a sus víctimas exigiéndoles altas sumas de dinero a nombre
del ELN, o de lo contrario acabarían con sus vidas y la de sus familias.
De
igual manera, en octubre del año 2017 lograron que una familia compuesta por
una pareja, sus dos hijos y un nieto —estos últimos menores de edad—
abandonaran su vivienda en zona rural de Chaparral, al verse presionados por la
exigencia de $20.000.000, por lo que días atrás del desplazamiento forzado, los
tuvieron retenidos y amarrados por varias horas.
Por
todos estos delitos, el imputado quien no aceptó los cargos y fue privado de la
libertad en centro de reclusión, se enfrentará a una pena de por lo menos 20
años de prisión, en caso de ser hallado responsable.
Es
de anotar que el procesado purgó una condena desde el año 2013 y hasta el año
pasado, por los delitos de rebelión y secuestro, siendo liberado con la firma
de los acuerdos de paz.
