La
directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana
Pungiluppi reveló que durante el 2018 se han abierto 9.102 procesos
administrativos de restablecimiento de derechos por denuncias relacionadas con
abuso sexual infantil. En promedio se reciben 38 diarias por este delito, cifra
que viene en aumento puesto que el 2017 se registraban 31 denuncias cada día.
Según
el Instituto, el 42% de la violencia sexual y no sexual en contra de los
menores ocurre al interior de los hogares y en muchas ocasiones los victimarios
de los menores son personas conocidas o inclusive familiares.
Pungiluppi
hizo un llamado para que los comisarios de familia actúen de manera más rápida
en la super visión de la situación al interior de los hogares y garanticen los
derechos de los menores.
Los
comisarios dependen de los entes territoriales (alcaldías), mientras que los
defensores de familia hacen parte del ICBF pero no pueden actuar hasta que los
comisarios verifiquen la situación.
Las
regiones del país que más casos de abuso sexual infantil han registrado son:
Bogotá con 2.245 denuncias, Valle con 946 y Atlántico con 569.
El
Instituto manifestó que es necesario fortalecer el enfoque familiar y abordar
esta problemática desde una perspectiva interinstitucional. Sin embargo,
también se deben endurecer las penas contra voladores de menores.
La
directora del ICBF dijo que “respaldamos la iniciativa del presidente Duque
para implementar la cadena perpetua para voladores y asesinos de menores,
estamos a la espera de saber si se hará vía referendo o mediante un proyecto
legislativo”.
Según
Pungiluppi, los entes territoriales y el sector salud también tienen gran
responsabilidad en la prevención de estos casos.
“Hay
que revisar que pasa con la salud mental de los colombianos, como en el caso de
la menor génesis, en prevención de crímenes se debe abordar el problema desde
todas las perspectivas”.
El
ICBF recordó que, aún sin cadena perpetua la Ley 1098 contempla penas entre 40
y 60 años para los agresores de menores y que no existe rebaja de penas cuando
se trate de delitos en contra de menores de edad.