Una reforma
constitucional, con la idea de emparejar los periodos de los mandatarios
locales y regionales con el del presidente, busca que los actuales alcaldes y
gobernadores se queden hasta el 2022 en sus cargos.
La propuesta no es
nueva. Desde que el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba impulsando su
campaña para la reelección, en 2014, prometió a los alcaldes y gobernadores que
si volvía a ser elegido, promovería un proyecto que permitiera la reelección
inmediata de los mandatarios locales y regionales. Elegido para un segundo
periodo presidencial, Santos llevó al Legislativo esta iniciativa como
complemento de la reforma al equilibrio de poderes que se comenzaba a
discutirse por esos días. La idea, con el argumento de emparejar los periodos
de presidente, alcaldes y gobernadores, era permitir que quienes gobernaban los
municipios y departamentos en ese
momento se mantuvieran en sus cargos hasta agosto de 2018. Pero al final la
propuesta se hundió.
Y como en política no
existen muertos, ni en personas ni en propuestas, este miércoles revivió la polémica iniciativa
por cuenta del Acto Legislativo 105 de 2018, “por el cual se unifican las
elecciones nacionales y locales, y se amplía el período de mandato”. Eso sí, la
iniciativa se adaptó a las nuevas circunstancias políticas y ya no es la
reelección transitoria de las autoridades locales sino una propuesta para que
los actuales mandatarios regionales puedan continuar su periodo hasta las
elecciones de 2022. Es decir, tres años más sin que medie elección alguna.
La iniciativa busca,
concretamente, modificar el artículo 261 de la Constitución Política que versa
sobre la simultaneidad de las elecciones. La reforma permitiría que a partir de
la próxima elección del Congreso, en el año 2022, se realicen las elecciones de
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles de todo el país, de tal
manera que todos los elegidos en cargos de elección popular inicien sus
periodos constitucionales el 20 de julio y que el Presidente de la República lo
haga el 7 de agosto.
“Los períodos de los
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección o
designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente
Acto Legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha,
continuarán en sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se
elegirán en el año 2022 para el período constitucional, que iniciará el 20 de
julio de ese año. En todo caso, los períodos de gobernadores y alcaldes deberán
coincidir con el del Presidente de la República”, refiere el proyecto de
reforma constitucional.
La discusión de la
propuesta se produjo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes,
hasta donde llegaron lobistas de la Federación Nacional de Municipios, de
Departamentos y Asocapitales. “Detrás de la propuesta esta Cambio Radical, que
cuenta con un importante grupo de alcaldes y gobernadores, y además la principal
impulsora de la propuesta es Luz María Zapata, esposa del exvicepresidente
Germán Vargas Lleras, quien estuvo presionando mucho en la sesión”, explicó un
parlamentario que pidió la reserva de su nombre.
Desde la orilla de
Cambio Radical, el representante César Lorduy es uno de los más animados
defensores de la propuesta. “Se ahorra
una gran cantidad de dinero en temas electorales, se unifican los
periodos, facilitando todo el trabajo
electoral. Hemos escuchado a la Contraloría y a la Registraduría y todos ellos
coinciden en la conveniencia del proyecto”, señaló el parlamentario. Por parte
de la oposición, Germán Navas Talero fue enfático en que esta es una propuesta
“abiertamente inconstitucional”.
En este mismo sentido se manifestó, el representante
de la Alianza Verde, Inti Asprilla: “que alcaldes como Peñalosa sigan hasta el
2022 es una violación flagrante y grave de la democracia. Fueron elegidos para
cuatro años”. Los partidos de oposición también se quejaron de no haber tenido
la oportunidad de presentar una ponencia alterna a la de Cambio. “Lo que se pretende es unificar, lo cual
puede ser sujeto de discusión pero no puede pasar que el congreso de manera
arbitraria y dictatorial. Esto le haría un enorme daño a la democracia”, añadió
Asprilla.