Una
proposición de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, incluida en
la Reforma Política aprobada ayer en segundo debate en el Congreso, impone
duras sanciones a las colectividades que avalen candidatos inmersos en delitos
que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales de los menores
de edad.
Martínez
recordó que en la actualidad la norma constitucional sanciona a los partidos
que avalan candidatos que luego sean condenados por delitos electorales,
narcotráfico, lesa humanidad y paramilitarismo. Algunas de las sanciones a
aplicar a los partidos por este tipo de faltas, a las que ahora se sumarían los
delitos sexuales contra menores, van desde la privación de financiación
estatal, suspensión del derecho de inscribir candidatos, hasta la cancelación
de su personería jurídica.
Para
la congresista, deben ser motivo de condena social y penal todos los actos
abusivos que se cometan contra los menores, extendiendo este reproche al ámbito
político.
“Este
es un mensaje que el Congreso debe enviarle a los colombianos. No vamos a
tolerar y pasar por alto este tipo de conductas, menos viniendo de aquellos que
pretenden conseguir un respaldo político desde un partido o movimiento para
postularse a cargos de elección popular. Los partidos que lo hagan serán
castigados severamente”, puntualizó la senadora.
Si
bien la proposición fue respaldada por la mayoría de la plenaria del Senado, el
reto tiene que ver con que esas sanciones a los partidos se hagan
verdaderamente efectivas, pues la realidad muestra que pocas veces es así y los
entes encargados de imponerlas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), no
son efectivos.