Con ocasión de la
priorización de las investigaciones de los magnicidios de los años 90’s y en
relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación
para esclarecer los hechos que rodearon el crimen del líder político de la
Unión Patriótica y excandidato presidencial, Bernardo Ossa Jaramillo, el fiscal
de conocimiento decidio llamar a indagatoria a 12 personas que podrían estar
vinculadas con este hecho.
De acuerdo con la
hipótesis central de la decisión, pudo existir una alianza criminal enttre los
Hermanos Castaño, ya condenados, y algunios integrantes del extinto DAS, para
asesinar al expresidente de la Unión Patriótica en marzo de 1990.
Al efecto, el fiscal
asignado al caso vinculó a las investigaciones a nueve escoltas del
desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres integrantes
de la Policía Nacional, quienes pertenecieron al esquema de seguridad del
entonces aspirante político y estarían involucrados en su homicidio ocurrido
hace 28 años en el Puente Aéreo de Bogotá.
Las personas citadas a
indagatoria son:
1) José Alirio Nocobe
Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS.
2) Edilberto Gordillo
Álvarez, detective escolta del DAS.
3) Hilver Peña Vergara,
detective escolta del DAS.
4) José Antonio
Santamaría Cristancho, detective escolta del DAS.
5) Edilson Suárez
Mendieta, detective escolta del DAS.
6) Marco Antonio Cruz Vidal,
detective escolta del DAS.
7) Óscar Orlando
Manrique, detective escolta del DAS.
8) Andrés Orlando Daza
Triana, detective escolta del DAS.
9) Eder Ocampo
Ceballos, detective escolta del DAS.
10) José Arnulfo
Oliveros, coronel en retiro de la Policía Nacional, quien para la época tenía
el grado de capitán y era el enlace de la institución con el esquema de
escoltas del DAS.
11) Jorge Enrique
Pedraza Palacios, integrante de la Policía Nacional asignado al esquema oficial
de protección de Bernardo Jaramillo Ossa.
12) Lisandro Beltrán
Muñoz, miembro de la Policía Nacional asignado al esquema oficial de protección
de Bernardo Jaramillo Ossa.
La posible
participación de agntes del Estado en este magnicidio esta sustentada en la
presunta existencia de un plan de aniquilamiento del nuevo partido; la
protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes
desviaciones que se promovieron con posterioridad, en relación con la
investigación judicial.
