Con 10 hallazgos de
alcance fiscal por valor de $709.342 millones de pesos concluyó la Actuación
Especial de la Contraloría General de la República sobre el proyecto Bionergy,
la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta).
Se estableció también
un hallazgo con incidencia penal y otro de connotación disciplinaria.
La conclusión de la
Contraloría es que este resultó ser un proyecto costoso para el país, que no es
rentable y cuya ejecución por parte de Bionergy S.A. es ineficiente e ineficaz,
dado que no se llevó a cabo dentro del tiempo planeado sino que se demoró más
del doble y, además, presentó sobrecostos, toda vez que no ha entrado en su
producción comercial.
La Contraloría calcula
que los costos del proyecto se incrementaron de USD $350 millones a USD $778
millones.
La fecha pactada de
terminación definitiva del proyecto era el 12 de junio de 2013 (de conformidad
con el Otrosí No.5 al Contrato No. 0050-10), y el inicio de operación de la planta quedó para
el 28 de marzo de 2013, o sea, 48 meses después de la fecha pactada en el
contrato.
De acuerdo con estas
fechas, no ingresaron los recursos que se esperaban al patrimonio del Estado en
cabeza de Bioenergy S.A., constituyendo un perjuicio o daño material en la
modalidad de lucro cesante en cuantía de $577.824 millones, como se aprecia en
el siguiente cuadro de la Contraloría General de la República:
Dos nombres llamativos
Un punto que resalta el
informe de la Contraloría tiene que ver con el contrato que suscribió en 2007
Bionergy con la empresa Visión de Valores, con el objeto de prestar “Servicios
de asesoría en la estructuración y cierre financiero del proyecto”, lo que incluía
adelantar las gestiones necesarias para la consecución de inversionistas de
capital y financiamiento.
Llama la atención a la
Contraloría el nombre de uno de los fundadores y accionistas de Visión de
Valores: Gustavo Gaviria Ángel (dueño del 71.55% de las acciones): “No puede
dejarse de lado la presencia del señor Gustavo Gaviria Ángel, quien para la
época en la cual Ecopetrol adquiere a Bioenergy, era miembro de la Junta
Directiva de Ecopetrol en calidad de suplente entre los años 2004 a 2007; luego
es nombrado como miembro titular desde mayo hasta septiembre de 2007, fecha en
la cual renuncia a este cargo”.
“De acuerdo con la
información suministrada por Ecopetrol, el señor Gaviria en ningún momento
mencionó que tuviera vínculo alguno con Visión de Valores o se hubiera
declarado impedido en alguna situación relacionada con el asunto”.
El informe también
menciona otro nombre: Jaime Leonardo Flórez Muñoz, funcionario de Ecopetrol que
fue nombrado como gerente de Bionergy en septiembre de 2009. Llama la atención
que Flórez Muñoz pasó de estructurar el contrato EPC suscrito entre Reficar y
CB&I a estructurar el contrato EPC suscrito entre Bionergy e Isolux.
Compra innecesaria de
dos empresas panameñas
Uno de los hallazgos
más relevantes de esta Actuación Especial sobre la planta de Etanol de
Bioenergy tiene relación con la compra de las sociedades panameñas Los Arces
Group Corp y Amandine Holdings Corp, que supuestamente eran dueñas de predios
claves para el proyecto y se encontró que no había tal.
Según la Contraloría,
antes de comprar dichas empresas, Bionergy conocía perfectamente que las mismas
no eran poseedoras de activo alguno y aun así las adquirió. Además la
valoración que se les hizo no fue producto de un estudio técnico y riguroso.
Se evidenció,
igualmente, que estas dos sociedades fueron constituidas en Panamá unos días
antes de que la junta directiva de Bionergy aprobara su compra.
Es de resaltar que los
soportes documentales aportados en la oferta presentada por el Consorcio Isolux
Ingeniería S.A., conformado por Vogelbusch Biocommodities e Isolux Proyectos
LTDA., no ofrecían certeza sobre el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos del pliego de condiciones, referentes al tipo de contrato, objeto y
obligaciones contractuales.
También llama la
atención que Isolux, luego de presentarse con Vogelbusch en consorcio, debido a
la tecnología que la empresa austriaca tenía para procesar melaza (molasses),
se presentó luego como proponente sin esta firma y compitió directamente, en la
adjudicación del EPC, con Praj de la India, con presencia en Colombia desde
2002 y que tiene tecnología para procesar jarabe y jugo de caña de azúcar.
Isolux ganó el contrato, y una vez lo suscribió (el 0050-10), acordó con
Bioenergy que la tecnología, ingeniería y equipos de fermentación y destilación
fueran suministrados por Praj.
La supervisión del
Contrato EPC 0050-10, suscrito con Isolux para la construcción de la Planta de
etanol, fue asumida por una persona natural trabajador de Bioenergy desde el
inicio, sin tomar en consideración el tamaño del proyecto.
Por tal razón, fue
necesario contratar una firma (Tipiel) para apoyar la interventoría; la cual no
fue seleccionada con licitación sino de manera directa, sin claridad respecto a
los criterios de escogencia. Es de resaltar que Tipiel pasó de ser asesor de
interventoría a ser contratista para corregir los diseños hechos por Isolux
La Contraloría
cuestionó el hecho de que Tipiel hubiera suscrito contratos con Bionergy para
realizar actividades que previamente ya había dado como recibidas a
satisfacción a Isolux. Esta situación generó que Bionergy haya realizado
erogaciones por valor de $11.090.332.916 por concepto de correcciones de
diseños, las cuales constituyen un detrimento fiscal.
Al no operar la planta
a tiempo, se perdieron las cosechas de caña de azúcar
La entrada en operación
de la planta de etanol, el 1 de abril de
2017, coincidió con el periodo interzafra, es decir que por las condiciones
climáticas en los Llanos Orientales, de abril a agosto se suspende la
producción de etanol, por cuanto a causa
de las lluvias se hace imposible cosechar la caña requerida para producirlo.
Por la no entrada en
operación de la planta de etanol carburante, dentro de los términos
inicialmente pactados, Bioenergy perdió la totalidad de las cosechas de caña de
azúcar sembradas directamente y a través del suministro de caña contratado con
Riopaila, en una cantidad de 158.338 Toneladas desde el año 2014.
Otros hallazgos
detectados tienen que ver con situaciones como el pago de arriendo de predios
para siembra de caña, que no fueron utilizados ni explotados para tal fin, así
como la pérdida de los costos de inversión en las plantaciones.
La Contraloría General
de la Republica pudo evidenciar que a pesar de no cumplir Bioenergy con los
requisitos exigidos en la Ley 40 de 1990, se inscribió ante FINAGRO para
acceder a los beneficios del Incentivo
de la Capitalización Rural -ICR-, como productores de la actividad agrícola
“caña panelera”, cuando la actividad principal del negocio de Bioenergy era la
producción de caña de azúcar, obviamente diferente.
Con este crédito se
hicieron inversiones en infraestructura y adecuación de tierras en la finca La
Esperanza ubicada en la vereda La Balsa, y se produjo miel virgen que fue
vendida de manera esporádica a la Industria Licorera de Boyacá para la
producción de etanol; pero la operación no fue rentable para cubrir los pagos
del crédito mientras estuvo en funcionamiento, ya que el proyecto se
descontinuó, dejando abandonadas las obras sin que exista razón jurídica o
técnica “atendible”, lo que causó la perdida de los recursos invertidos en el
predio La Esperanza de la vereda la Balsa.
Todas
las operaciones para la producción de caña de azúcar se trasladaron al predio
“La Piragua” distante en 50 kilómetros del predio “La Esperanza”. Lo anterior
por una inadecuada planeación y una aplicación indebida de la normatividad que
regula el acceso a los recursos públicos del incentivo de capitalización rural
-ICR-, haciéndose beneficiario Bionergy cuando no reunía los requisitos legales
para ello y constituyéndose por lo tanto un detrimento al patrimonio público,
por valor de $3.205.969.401
