Los costos del proyecto
se incrementaron de USD $350 millones a USD $778 millones y el lucro cesante
llega a $577.824 millones.
Un miembro de la Junta
Directiva de Ecopetrol era accionista mayoritario de la firma que asesoró la
estructuración y cierre financiero del proyecto, y nunca se declaró impedido.
Bionergy compró dos
empresas panameñas que supuestamente eran dueñas de predios claves para el
proyecto y la Contraloría encontró que no había tal.
Observaciones de la
Contraloría sobre la forma como se seleccionó a la firma española Isolux, para
hacer el montaje de la planta de etanol.
La firma Tipiel fue
contratada para corregir los diseños que hizo Isolux, situación que generó un
detrimento patrimonial por más de $11 mil millones.
Bionergy se hizo
beneficiario del Incentivo de Capitalización Rural –ICR, cuando no reunía los
requisitos legales para ello; y la operación en que se utilizó este crédito no
fue rentable para cubrir los respectivos pagos.
Otra consecuencia de la
no entrada en operación de la planta en el tiempo previsto, es que se perdieron
las cosechas de caña de azúcar (158 mil toneladas desde el 2014).
Adicionalmente,
Bionergy pagó por arriendo de predios para siembra de caña, que no fueron
utilizados ni explotados para tal fin.