El Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) reúne al pleno de magistrados para debatir la solicitud hecha
por el chavismo el viernes pasado para determinar si hay méritos para llevar a
juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que
emprendió contra la alta corte.
La Sala Plena del
máximo tribunal llamó para hoy a una reunión extraordinaria que tendrá como
“punto único” a tratar la solicitud de “antejuicio de mérito” de la fiscal
general, informó el TSJ.
En la reunión -que
estará encabezada por el magistrado Maikel Moreno, presidente de Supremo
venezolano- se evaluará la solicitud realizada el pasado viernes por el
diputado oficialista Pedro Carreño, que pidió además medidas cautelares de
prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes.
El oficialista
emprendió esta acción asegurando que Ortega Díaz ha incurrido en las faltas de
“atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”,
“actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución” y “violar,
amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la
Constitución”.
Carreño pidió que con
base en esas faltas “se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir
que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada”.
El chavismo emprendió
esta acción después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección
de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección
cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del
que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento, en ese momento en
manos de oficialistas.
Las diferencias entre
el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a
finales de marzo como una “ruptura del orden constitucional” la decisión del
Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser
revertida parcialmente poco después.
En los últimos dos
meses, Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la
convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente realizada por
el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha condenado la actuación de los
cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales.
Esas manifestaciones,
que se iniciaron luego de que ella denunciara la ruptura del hilo
constitucional, han ocasionado la muerte de al menos 75 personas, según la
Fiscalía, que atribuye varias de ellas a funcionarios de los cuerpos de
seguridad.
La legislación
venezolana establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral
Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la
Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre
una falta grave.
No obstante, los
actuantes contra la fiscal no han explicado cómo se completaría este proceso si
se constatara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora
respaldan a la titular del Ministerio Público, se encuentra en situación de
desacato decretada por el Supremo y sus actos son considerados nulos.