Contraloría municipal
de Villavicencio detectó hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y
fiscal, por el valor de $1.331.901.727, correspondiente a la sumas canceladas
por concepto de expensas de administración que fueron pagadas por el Municipio
de Villavicencio durante las vigencias 2013 al 2016 en la Central de Abastos de
la capital del Meta.
Según el informe final
de la auditoría realizada por la Contraloría, la gestión fue ineficaz e
ineficiente en la administración de los bienes estatales, propiedad del
municipio, ubicados en la central de abastos de Villavicencio tanto en el
mandato de Juan Guillermo Zuluaga como en el actual de Wilmar Barbosa.
En el desarrollo del
proceso de determinó que durante la vigencia de 2013 a 2016, de 1808 locales
que conforman la central de abastos, 590 locales son de propiedad del municipio
de Villavicencio, los cuales no se han dado en arrendamiento durante estas
vigencias, sin generar un ingreso al tesoro municipal por los mismos, llamando
la atención que de los 590 locales, 181 se encontraban ocupados a 31 de
diciembre de 2016 y no cancelaron arrendamiento ni pago por expensa de
administración a la copropiedad.
Por tal motivo, la
Contraloría determinó que las normas presuntamente vulneradas están en marcadas
en la Ley 610/00 en su artículo 6 por lo que el ente señala como presuntos responsables
del detrimento patrimonial al ex alcalde Juan Guillermo Zuluaga Carmona durante
su periodo 2012 – 2015, por el valor de 756 millones 105 mil 482 pesos y a
Wilmar Barbosa Rozo como mandatario actual por el valor de 575 millones 796 mil
245 pesos.
Según entrevistas
realizadas por el auditor el 01 de marzo de 2017 a treinta (30) de las personas
que se encontraban ocupando estos locales, se evidencio según lo manifestado
que llevan ocupando estos bienes inmuebles desde hace 12 años, sin tener un contrato
de comodato o arrendamiento por parte de la EDUV, ni de la administración
municipal
La Contraloría afirmó
que, lo anterior, se traduce a una gestión fiscal ineficaz e ineficiente en la
administración de estos bines estatales descritos dentro del informe de
auditoría, que transgrede los principios de eficiencia, economía y eficacia,
enmarcados dentro del sistema de control de gestión, sin cumplir con los fines
esenciales del Estado.