La Contraloría General de la República
encontró 4 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 2 con posible
carácter penal, por $4 mil millones de pesos, tras considerar que hay sustento
en una denuncia que recibió según la cual la Autoridad Nacional de Televisión
–ANT suscribió 2 contratos con la Universidad Nacional de Colombia (048 de 2013
y 292 de 2015), con similar objeto y valor, y el mismo personal.
Adicionalmente, la ANTV
suscribió 2 contratos para apoyar la supervisión del mencionado contrato 292 de
2015, donde la Contraloría determinó que el objeto es injustificado y el valor
es desproporcionado (contratos 183 y 158 de 2016).
Al analizar las
respuestas que recibió de la ANT, el organismo de control determinó abrir 3
indagaciones preliminares por estos temas: una (1) por los 2 contratos
suscritos con la Universidad Nacional y 2 a los contratistas responsables del
apoyo a la supervisión.
Y decidió abrir un
proceso administrativo sancionatorio contra la ANT, por entregar información
incompleta y parcial sobre los contratos 048 de 2013 y 292 de 2015, así como de
los contratos 183 y 158 de 2016.
La ANTV opuso reserva
legal sobre algunos documentos y respecto de otros manifestó que no se
encontraban disponibles, dado que estaban en revisión.
Fue así como la entidad
no entregó a la Contraloría la totalidad de la información requerida, con el
agravante que en sus respuestas la Directora de la ANTV manifestó que es
potestativo de dicha Autoridad entregarla o no a la Contraloría General de la
República.
La denuncia que dio
origen a este pronunciamiento de la Contraloría la formuló el periodista Felipe
Zuleta Lleras, en los siguientes términos:
“La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha
contratado dos veces a la Universidad Nacional (UN) para estudiar el mercado de
televisión y valorar las contraprestaciones económicas que tendrían a su cargo
las empresas que quieran explotar ese negocio. A la UN le han pagado por sus
dos estudios alrededor de $6.000 millones de pesos, lo cual de por sí parece
exagerado, mucho más teniendo en cuenta que ese prestigioso centro educativo no
tiene dentro de su objeto el de ser banca de inversión.”. Señala además que “…
si a la UN la contrataron por sus calidades y experticia, resulta el colmo que
la ANTV adicionalmente haya contratado una banca de inversión – por una suma
cercana a los $400 millones – y a una oficina de abogados por $700 millones,
aproximadamente, para que revisen el trabajo de la UN. Aún peor: los contratos
respectivos se celebraron después de que el ministro de las TIC y la directora
de la ANTV anunciaron con gran alharaca que estaban listas las bases para las
licitaciones del Canal Uno y del tercer canal, gracias al estudio de la UN, lo
cual al parecer no era cierto porque después salieron a contratar su revisión
¿Sirven o no sirven los estudios de la UN? Y si sirven ¿por qué hay que
volverlos a revisar?”.