El procurador Regional
del Meta Yamit Eduardo Álvarez Castro notificó con inicio de investigación
Disciplinaria a los posibles responsables de las fracasadas y millonarias obras
de construcción del centro de reclusión del menor Yarí que están paradas desde
hace varios meses.
Luego de recibir
denuncia proveniente de las partes afectadas por las irregularidades cometidas
en la ejecución del contrato como juzgados, magistrados y hasta el mismo ICBF,
el Ministerio Público abrió investigación en contra del AIM a través de su
gerente Juan José Casasfranco.
La obra de construcción
del centro de reclusión del menor el Yarí fue contratada por 11 mil 122
millones de pesos, de los cuales se han girado 7.800 millones al empresario
Humberto Botero quien tiene desde hace varios meses suspendido el contrato
mientras se surte un proceso de revisión del proyecto con la posibilidad de
cambiar de contratista.
La información más
reciente indicaba que el consorcio estaba en crisis administrativa y en
situación de embargo, y eso exigió replantear el proceso de la ejecución que va
en un 50 por ciento y a la espera de reiniciar la obra.
Los dineros salieron de
regalías petroleras, la Alcaldía de Villavicencio y el ICBF.
La denuncia también fue
interpuesta ante la Fiscalía y la Contraloría.