El procurador general
de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al presidente Juan Manuel Santos
aclarar públicamente los recientes anuncios hechos por el fiscal Eduardo
Montealegre, quien dijo que quienes entreguen materiales de prueba de una
investigación a personas diferentes de las autoridades, pueden incurrir en
conductas punibles.
El jefe del Ministerio
Público enfatizó que es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean
intimidados por el Estado y amenazados con penas de prisión si divulgan audios
o videos.
Además, asegura que
están criminalizando a las víctimas que graben o divulguen videos o audios
relacionados con los actos terroristas y criticó que el Gobierno y la Fiscalía
exijan que ese material sea entregado exclusivamente a las
“Es sabido que el
propósito del terrorismo es deslegitimar al Estado. Eso se cumple,
precisamente, cuando la respuesta a la estrategia provocadora de las bombas
vulnera los derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de expresión y la
libertad de prensa”, dice la Procuraduría.