Mediante labores
investigativas se estableció que presuntamente estas personas pactaron la compra de los concejales con el fin de que
aprobaran un acuerdo municipal que permitía el endeudamiento a Florencia, por
un monto superior al que financiera y legalmente tenía capacidad.
Al parecer la alcaldesa
y varios de sus secretarios habrían acordado con los concejales, por la venta
de su función, una suma total de 800 millones de pesos, cuyo pago determinaron
en tres cuotas; las dos primeras del 25 por ciento y la última del 50 por ciento.
El Vicefiscal General
de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, explicó cómo se llevaron a cabo dichos
pagos, “un 25 por ciento antes de la radicación del proyecto de acuerdo. Es
decir 200 millones de pesos, los cuales fueron pagados y entregados a los jefes
de bancadas; otro 25 por ciento con la aprobación del acuerdo por parte del
Concejo, osea 200 millones más que también fueron pagados, y finalmente, el
otro 50 por ciento restante que se entregaría cuando se realizara el desembolso
del empréstito*”.
Por otra parte, la
Fiscalía estableció que en desarrollo del pacto criminal se instruyó y
determinó a la Secretaria de Hacienda Municipal mara que de manera irregular
certificara que el municipio tenía una capacidad de endeudamiento que superaba
casi al doble, la capacidad que realmente tenía.
El acuerdo que
finalmente quedó aprobado y numerado 2014-023, el 28 de noviembre de 2014, fue
demandado por vía administrativa, para lo cual servidores públicos del
municipio y el particular (esposo de la alcaldesa), también habría pactado la
copra de algunos funcionarios judiciales y de la Contraloría Departamental que
tenían a su cargo el estudio y decisión de la legalidad del acuerdo, así como
conceptuar en el trámite del empréstito.
Por estas irregularidades, la Fiscalía
imputará cargos a los capturados por los delitos de cohecho impropio, cohecho
por dar u ofrecer, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento
público y enriquecimiento ilícito de particulares.
*Préstamo que un
particular concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa, y que se
materializa en bonos, cédulas, pagarés, obligaciones.